El PP de Móstoles acusa al gobierno municipal de intentar “chantajearles” con la comisión de la Púnica

Móstoles

El Partido Popular de Móstoles ha declarado que el tripartido está utilizando la Comisión de Investigación de la Púnica para "intentar chantajear al PP de Móstoles".

Desde el Partido Popular piden al tripartito que dejen actuar a la justicia y se "ocupen de gobernar", ya que señalan desde el PP, "Móstoles está abandonado, los colegios públicos más sucios que nunca y la basura de amontona en las calles". Lo asegura, Alberto Rodríguez de Rivera, portavoz del PP de Móstoles.

El Partido Popular ha manifestado a través de un comunicado que "siempre" han colaborado con la justicia y que son los primeros interesados en que se resuelva esta situación. Afirman que el Partido Popular siempre ha votado en favor de las mociones presentadas por el gobierno tripartito para la celebración de la Comisión de Investigación de la Trama Púnica.

Han pedido al gobierno municipal que les haga llegar la documentación que les requirieron en la última comisión de investigación: los expedientes de las empresas relacionadas con la Trama Púnica que han contratado con el Ayuntamiento en época socialista años 2002 y 2003 y todavía, señalan, "no se los han proporcionado".

El PP solicita que se respeten los derechos, que se aplique el Reglamento Orgánico, se planifiquen los trabajos y "no se convierta en un circo mediático y no se arroguen facultades y mecanismos que no les correspondan".

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El miércoles 17 de enero se reunirá la comisión de investigación de la púnica, esta sesión no tendrá carácter público y se dará cuenta de todas las novedades que se hayan producido en vía judicial sobre este asunto y que afectan al Ayuntamiento de Móstoles, ya que está personado en la causa y posteriormente establecer los trabajos a llevar a cabo por esta comisión. David Lucas, alcalde de Móstoles.

El exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz (PP) y el exconcejal de Medioambiente, Alejandro Utrilla (PP), están siendo investigados en el caso Púnica por haber intermediado presuntamente para que la empresa Cofely se adjudicara irregularmente un contrato de mantenimiento de edificios y colegios públicos por más de 72 millones de euros.