El Defensor del Pueblo propone al Parlamento un debate sobre la eutanasia
Su informe 'Morir en Andalucía. Dignidad y derechos', revela también carencias de medios materiales y personales en cuidados paliativos que vetan el derecho a morir en sus casas a menores de edad y residentes de zonas rurales
EFE. Archivo.
Sevilla
"Muchos pacientes tributarios de cuidados paliativos fallecen sin llegar a recibirlos", denuncia Jesús Maeztu, que este miércoles ha llevado al Parlamento Andaluz su informe 'Morir en Andalucía. Dignidad y derechos', donde señala importantes "carencias, insuficiencias e inequidades" en el acceso a los recursos que deben garantizar la muerte digna. En sus páginas, Maeztu propone también -sin posicionarse- que se abra un debate sobre la eutanasia en la cámara andaluza, aunque se trate de un asunto sobre el que debe legislar el Gobierno central.
Siete años han pasado desde la aprobación de la ley andaluza que reguló en 2010 los derechos y garantías de dignidad para los andaluces en el proceso de su muerte. Una normativa referente para el resto de comunidades autónomas que la Oficina del Defensor somete a análisis con este informe. "Aunque la norma se cumple en términos generales, hay importantes carencias que se deben solventar", señala Maeztu.
Y entre esas carencias sobresale "la falta de equidad existente en torno a los medios y recursos que conforman el sistema de cuidados paliativos en Andalucía", de tal modo que se propician situaciones de "clara discriminación" entre unos territorios y otros, según señala el Defensor. Faltan recursos y medios en zonas rurales y de interior, "carencia que cuestiona el derecho de estos residentes a morir dignamente en sus casas", reza el informe.
El análisis revela que faltan, igualmente, pediatras formados en cuidados paliativos. "Y un número elevado de niños y adolescentes fallecen en el hospital en contra del deseo de sus familias", denuncia el Defensor. Para Maeztu, éste es uno de los aspectos "más deficitarios" que presenta el sistema.
La ley, además, no prevé ayudas que permitan al familiar conciliar el trabajo con la asistencia al paciente en la etapa final de su vida. Una etapa que puede prolongarse en el tiempo. "Hay ayudas en el nacimiento, debe haberlas también en esta etapa", sostiene Maeztu, que reclama una modificación normativa que permita al familiar cuidador beneficiarse de las medidas de conciliación que están establecidas legalmente para el cuidado de los hijos. "El peso recae sobre los familiares. Se les pide demasiado y se les ayuda poco", lamenta el Defensor, que reclama también una actualización del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y más medios materiales y personales, con la incorporación de psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas, como ya estaba previsto.
El informe recoge conclusiones de tres años de trabajo con pacientes, familiares, cuidadores, profesionales y gestores del SAS, que se han completado con visitas a centros hospitalarios y una encuesta anónima realizada a través de la web del Defensor del Pueblo Andaluz. La falta de equidad en el acceso a los derechos recogidos por la ley autonómica queda reflejada en los testimonios rescatados, como los siguientes ejemplos:
"Las unidades de cuidados paliativos en Almería son insuficientes, el trato es humano, pero dan la percepción de desbordados".
"Incrementar los equipos domiciliarios en la zona rural, a veces tienen grandes poblaciones que atender y están solos".
Los testimonios recibidos ponen también de relieve que la falta de equidad en el acceso a los cuidados paliativos no afecta sólo a quienes residen en zonas rurales, sino también a aquellos que tienen menos recursos económicos:
"Mayor apoyo social a los pacientes con pronóstico paliativo. Falta de unidades residenciales y gratuitas en los pacientes paliativos en riesgo social".
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz detecta una "grave insuficiencia de plazas" en recursos de media y larga estancia para pacientes que no pueden ser atendidos en el domicilio, bien por enfermedad de proceso prolongado o bien porque carecen de entorno social, o el que poseen no resulta apropiado.
Falta de intimidad
El informe denuncia que el derecho de los pacientes en situación terminal a ser alojados en habitaciones individuales no siempre se respeta, especialmente en momentos de especial demanda asistencial. "El derecho no puede estar condicionado a las circunstancias, aceptando únicamente su suspensión temporal en situaciones realmente excepcionales", recoge el documento, que también pone de manifiesto que el derecho de estos pacientes a estar acompañados en el momento de su fallecimiento se incumple con frecuencia cuando están ingresados en la UCI o en Urgencias.
La voluntad vital anticipada
El informe afirma que se ha mejorado el derecho de las personas a formular anticipadamente sus voluntades vitales, pero destaca el "escaso" número de declaraciones registradas. De hecho, entre el 2004 y el 2016 el número de declaraciones de voluntad vital anticipada fue de 33.555, una cifra "significativamente baja", cuyo ejercicio el Defensor califica de "poco menos que excepcional por el escaso conocimiento" de la ciudadanía.
