El PP solicita que declaren como testigos Susana Díaz y Jiménez Barrios en el caso de los ERE

Sevilla

El Partido Popular ha solicitado este martes, en el juicio de la pieza política de los ERE, que sean citados a declarar como testigos la presidenta de la Junta, Susana Díaz y el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. Entiende que pueden tener conocimiento de los hechos “directamente o como superiores jerárquicos del Gabinete Jurídico de la Junta y también del conocimiento de las funciones de coordinación como consejeros de Presidencia”. Díaz, además, aprobó el decreto que terminó con la fórmula de pago que se está enjuiciando, ha señalado el abogado del PP, Luis García Navarro.

La Fiscalía, por su parte, ha presentado una decena de cuestiones previas al Tribunal. La más relevante, que delimite objetivamente el proceso como consecuencia de los autos “contradictorios” de la Sección Séptima de la Audiencia, la que resuelve los recursos del caso ERE. Anticorrupción cree que en este juicio sólo debería verse la ilegalidad o no del procedimiento de concesión y gestión de las ayudas que durante una década otorgó la Junta y, en ningún caso, la ilegalidad o no de cada una de esas subvenciones de forma concreta.

Anticorrupción considera que en nada debería afectar a este juicio el hecho de que la Audiencia haya resuelto recursos de apelación en piezas separadas donde se deja fuera al exconsejero Fernández y al exdirector de IDEA, Jacinto Cañete, argumentando que ya son enjuiciados en la pieza política; y su participación en esas ayudas concretas están incluidas en esa pieza política.

“Si la Sala ve que procede sentenciar no solo el procedimiento específico sino todas las ayudas, entonces tendrían que incorporarse a este juicio los testimonios de todas ellas y las declaraciones de todos los que han declarado en cada pieza”, ha concluido el fiscal Juan Enrique Egocheaga. El problema, ha explicado, es que no todas las subvenciones que dio la Junta con la partida 31L están incoadas. Son 270, se han incoado 104 y solo 35 se han investigado realmente.

El letrado del expresidente, José Antonio Griñán, José María Mohedano ha alegado que se ha vulnerado el derecho de los acusados al juez natural. Lo que se traduce en que debería anularse todo lo firmado por el juez de refuerzo, Álvaro Martín, el juez que dictó el auto de procesamiento porque ha causado indefensión. Los jueces de refuerzo no puede dictar resoluciones en ningún asunto que ya esté iniciado por el titular, ha explicado Mohedano. De lo contrario, se incumple, ha manifestado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y hasta el reglamento de la carrera judicial, según el abogado.

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Alfonso Martínez del Hoyo, el abogado del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ha expuesto dos cuestiones previas: La vulneración del derecho de defensa y la vulneración del principio acusatorio, lo que debería llevar a declarar nulas algunas actuaciones practicadas durante la investigación. Entre ellas, parte del informe adicional de cumplimiento de la Intervención General de la Junta. Se trata del informe que considera "inadecuado" el sistema de pago que utilizaba la Junta para pagar las ayudas de los ERE.Del Hoyo ha puesto de manifiesto que Anticorrupción presentó un escrito de acusación con hechos diferentes a los contenidos en el auto de procesamiento. Un auto de procesamiento que la Fiscalía no recurrió.

La vista sigue este miércoles. Las demás defensas plantearán sus cuestiones previas.

La cuarta sesión del primer juicio de los ERE ha comenzado con las defensas planteándole al Tribunal la expulsión como acusación popular del pseudo sindicato Manos Limpias por falta de legitimación. Han alegado que carecen de órgano de representación porque la asamblea no ha renovado sus cargos este año. La Fiscalía se ha opuesto a ello. “Sería una burla, una afrenta o un escarnio que Manos Limpias ejerza la acusación cuando Manos Limpias ha coaccionado a una de las personas que fue investigada en este caso de los ERE”, ha manifestado el letrado Alfonso Martínez del Hoyo.