Diez años de la Ley de Dependencia

Palencia

Hace diez años, el 14 de diciembre, aprobamos la conocida como Ley de Dependencia; fue uno de los momentos en los que sentí emoción y orgullo de representar a los ciudadanos y de poder participar y votar en el Parlamento el reconocimiento de nuevos derechos civiles y sociales para las personas.

Esta Ley era la cuarta gran pata que le faltaba a la mesa de nuestro querido estado de bienestar. Tras conseguir una sanidad universal, pública y gratuita (que debemos mimar y defender con uñas y dientes); una educación pública y gratuita (que nos ha hecho más iguales) y un sistema público de pensiones que ha dignificado la vida de muchos millones de españoles.

La Ley de Dependencia pretende garantizar la asistencia de toda aquella persona que lo necesite.

Su implantación era gradual y ha sufrido un frenazo porque el Estado congeló la Ley unos años, frenando el reconocimiento del derecho y además, recortó su aportación en más de 3.000 millones de euros. Del 50% que tenía que aportar el Estado a las Comunidades Autónomas, está aportando, tan solo el 19%.

En la actualidad hay 856.000 dependientes atendidos (muchos de forma insuficiente) y 356.000 con el derecho reconocido y que no se les está pagando.

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Lo peor es que en los últimos años 125.000 personas han fallecido sin llegar a percibir las prestaciones a las que tenían derecho.

Los que no creen en esta Ley, como en tantas otras, aducen que es muy cara para aplicarla. Olvidan que nos cuesta mucho más rescatar a la banca, o a las autopistas, sin exigir responsabilidades; olvidan que con recuperar una parte del dinero que se escapa por el desagüe de la corrupción cada año, se puede financiar la Ley de Dependencia y otros derechos sociales.

Esta Ley establece un derecho universal (no de beneficencia) y que no es solo para los pobres; todos somos potenciales dependientes; no olvidemos.

Por otro lado, se calculan en unos 300.000 los empleos directos creados para la atención a las personas dependientes y otros 100.000 deben crearse para cubrir las prestaciones de los que ya tienen el derecho reconocido.

La recuperación de la cotización de las cuidadoras, debe ser un objetivo.

En definitiva, este necesario pilar del Estado de bienestar que supone la Ley de Dependencia, como los otros tres, debemos defenderlo, consolidarlo y potenciarlo.

Ésta sí es la marca España que creo que queremos casi todos y que es posible financiar si los recursos se distribuyen de forma razonable. Para esto debe servir la política. ¡Feliz año 2017!