El Ayuntamiento gastó 732 millones en “competencias impropias” y sólo recibió 83 de la Comunidad
El Gobierno de Carmena defiende ante Cristóbal Montoro que si gasta más es porque tiene que pagar muchos servicios que no son obligatorios para el Consistorio
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de la reunión mantenida el 21 de noviembre de 2016 para abordar el incumplimiento por parte del Ayuntamiento del techo de gasto establecido en la Ley de Estabilid / Ayuntamiento de Madrid
Madrid
El equipo de Manuela Carmena recupera un viejo ‘caballo de batalla’. El importe total del gasto computable, a efectos del cálculo de la regla de gasto, se vería sensiblemente reducido si los “gastos no obligatorios” fueran prestados o financiados por el Gobierno de Cristina Cifuentes.
La disputa no es nueva ya que desde que gobernaba el PP, con Ana Botella como alcaldesa, el Ayuntamiento siempre ha defendido lo mismo. Que se tengan en cuenta los gastos "no obligatorios" asumidos por el Consistorio, pero que se tienen que prestar, sin que se reciban fondos para ello.
En el año 2015 esos "gastos impropios" ascendieron a 732 millones de euros. Y hubo financiación del Gobierno regional para compensar esos gastos, que deberían ser del cien por cien, pero el Ayuntamiento sólo recibió 83 millones de euros de la Comunidad de Madrid. La diferencia son 649 millones de euros a los que el Consistorio tuvo que hacer frente sin contar con la financiación adecuada, que por ley debiera estar garantizada. Aun así, fuentes municipales han explicado a la SER, que “no se ha reclamado expresamente ese pago a la Comunidad de Madrid”.
Y este es, precisamente, uno de los argumentos de mayor peso que ha incluido el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en el voluminoso informe de 400 páginas y anexos que le ha enviado a Cristóbal Montoro con la documentación explicativa al Plan Económico y Financiero (PEF) 2016 y 2017 y al incumplimiento de la regla de gasto.
El Área de Economía y Hacienda indica que la documentación enviada consta de “informes exhaustivos que proporcionan detalle de los gastos realizados a los largo de este año y los previstos en el próximo”. “Y se justifican, en base a la legislación, las competencias asumidas por el Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía y se exponen argumentos jurídicos relativos al cálculo de la regla de gasto”, añaden.
Documentación explicativa al PEF
La documentación “acredita documentalmente los incrementos contemplados en el presupuesto”. Son medidas relativas al “aumento del gasto social en mayores, con especial atención a las familias y colectivos más desfavorecidos en situación de emergencia social, aumento de la contratación pública responsable con las cláusulas sociales de los contratos municipales, la atención a la educación infantil aumentando el gasto en actividades educativas que a la vez ayuden a la conciliación familiar, así como el gasto de inversión en centros educativos y deportivos, la promoción de la vivienda pública y la recuperación de los niveles de gasto de los servicios municipales básicos en servicios e infraestructuras de la ciudad en general”.
Las previsiones de gastos para 2017 prosiguen en la orientación del presupuesto de 2016 en las líneas fundamentales del equipo de gobierno, tal y como se aclara en las explicaciones remitidas a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.
No es un capricho
E incluyen información correspondiente a gastos asumidos por el Ayuntamiento pese a que deberían ser otras administraciones las que los asumieran. “No se trata de un capricho o de gastar por gastar”, asegura el Gobierno de Carmena. Son competencias "impropias" para atender necesidades sociales, educativas, de empleo o de vivienda pública, que el Ayuntamiento presta por ser la Administración más cercana y la que atiende las necesidades más urgentes.
La financiación de este gasto debe provenir de la Comunidad de Madrid, que no está precisamente sobrada de fondos. La reclamación del Ayuntamiento es que en ningún caso estos gastos puedan considerarse como "gastos no financiados" sino que deberían incluirse como "gastos financiados pendientes de definición legislativa".
De forma resumida sería algo así como la "pescadilla que se muerde la cola": tendría que ser la Comunidad de Madrid la que financiara los gastos, pero como el Estado no les aporta los fondos suficientes, tienen que ser las Corporaciones locales las que hacen frente al pago para evitar que los ciudadanos se queden sin recibir determinados servicios.
Por todo ello, el equipo de Carmena “insta al Ministerio a la tramitación de la aprobación definitiva del PEF 2016-2017 de acuerdo a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
