El Constitucional tumba la Ley de Energías Renovables de la Región

Murcia

El pleno del Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia por la que declara inconstitucional y nula la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, de marzo de 2015, por la que se añadía un artículo a otra disposición de 2006 para regular lo relativo al autoconsumo eléctrico.

La sentencia señala que el parlamento regional, con ese artículo, invadió competencias que pertenecen al Estado, por lo que el mismo se deja sin efecto. El máximo órgano judicial aprecia inconstitucionalidad "indirecta o mediata" en varios artículos "por contradecir de manera efectiva e insalvable la normativa básica estatal en materia de autoconsumo de energía eléctrica".

En la sentencia, dice que es al Estado al que corresponde definir y regular el régimen básico de la actividad de autoconsumo de energía eléctrica, y recuerda que hay jurisprudencia en al menos dos sentencias anteriores.

El recurso interpuesto en nombre del gobierno por la Abogacía del Estado aseguraba que ley impugnada suponía rebasar las competencias de la Comunidad Autónoma, ya que la definición de las instalaciones de autoconsumo de energía y la regulación de su régimen económico, como hacía el artículo en cuestión, correspondía en exclusiva al Estado con carácter básico, de conformidad con la Constitución.

Desde hace años, el Gobierno de Murcia y el de España han ido ganando batallas judiciales alternativamente. Hace unos meses lo consiguió el Gobierno Regional, y ahora lo hace el de España.

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Para Podemos, la sentencia del Constitucional hace necesario que "se tramite cuanto antes nuestra ley de renovables para autoconsumo en el Congreso"

El diputado regional Antonio Urbina, ha afirmado que aunque “no nos gusta la noticia”, el Tribunal Constitucional ha “ratificado” el camino por el que el Grupo Parlamentario Podemos Región de Murcia ha apostado para legislar este ámbito. Una ley, la aprobada en la Asamblea Regional a iniciativa de Podemos, que tiene como vocación “regular el sector para todo el país y que debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados”.