De trabajadora social a instaladora de terminales de teleasistencia

Alicante

Los trabajadores del servicio de Teleasistencia que presta la Diputación a través de la empresa Atenzia advierten de un posible incumplimiento de los pliegos por parte de la compañía, que puede terminar repercutiendo en la atención que se da a unos 10.500 usuarios, ancianos y grandes dependientes.

Aseguran que desde que Cruz Roja dejó de prestar este servicio y la nueva adjudicataria se hizo cargo de él en noviembre, las quejas por el incumplimiento de las condiciones laborales son continuas. Las más graves: las que atañen al colectivo de trabajadores sociales, que asumen -dicen- funciones en muchos casos de instaladores de terminales, para las que no tienen formación de electricista.

Y es que una treintena de esos trabajadores son subrogados de Cruz Roja, que han visto cómo han empeorado sus condiciones en la nueva contrata. Afirman que algunos deben estar disponibles las 24 horas para atender a los usuarios a domicilio tras haber terminado su jornada laboral; que la central de Alicante cierra ahora por las noches y los fines de semana y las llamadas se derivan en muchos casos a la sede de Valencia y que no se están respetando las categorías profesionales ni los turnos.

Lo peor, dicen, es que esto puede acabar repercutiendo directamente en la atención a los usuarios, que son precisamente los colectivos que mejor necesitan estar comunicados.

Comisiones Obreras ya ha recurrido ante la inspección laboral y se ha puesto en contacto con la Diputación para que se investigue el servicio que se está prestando. Rafael Mas, secretario general de la Sección Sindical de Comisiones en Cruz Roja, califica de "lamentable" la situación. Recuerda Comisiones que, aunque a través de una contrata, la teleasistencia es un servicio público que se presta a un colectivo vulnerable y que la Diputación debería velar por que no existan irregularidades.

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Mientras, desde la Diputación, el responsable de Bienestar Social, el diputado Miguel Zaragoza, asegura conocer la queja de Comisiones Obreras, dice que ya está en contacto con Atenzia para que solucione lo que califica de "desavenencias laborales" y que el martes próximo le remita un informe.

Asegura Zaragoza que no corre peligro la prestación de la teleasistencia y cree que todo se debe a una cuestión de "armonización" de la nueva empresa a la que han quedado subrogados los trabajadores.

La prioridad, reclamar financiación

 Y a las competencias impropias que la Diputación se queja de estar gestionando a pesar de pertenecerle a la Generalitat se refería el presidente de la institución provincial, el popular César Sánchez, tras el habitual brindis navideño.

Asegura ahora que lo que importa es que el Consell haga frente a "la deuda histórica social" y que prefiere antes que hablar de devolver estas competencias, como la gestión del Doctor Esquerdo o del Hogar Provincial, exigirle de momento sólo financiación.

Así, dice, se lo expondrá como "prioridad" a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra quien, por cierto, le ha ofrecido dos nuevas fechas posibles para abordar la cuestión en un encuentro. Explica Sánchez que la reunión que canceló con ella el pasado martes se celebrará "a la mayor brevedad posible", a principios de año, que "no existe ningún boicot" contra ella y que espera que sea "productiva".

Asegura Sánchez que la deuda anual por estos servicios que viene abonando la Diputación es de 25 millones de euros anuales.