Fianzas de 2,2 millones a Miguelianos y el Obispado como responsable subsidiario
Rosendo sido procesado por la jueza que investiga la causa conocida como de los 'miguelianos', por un delito de asociación ilícita, 24 delitos continuados contra la integridad moral, uno de agresión sexual, 25 de abusos sexuales, uno continuado contra la Hacienda Pública y uno continuado de blanqueo de capitales
Imagen de Miguel Rosendo Dasilva en la web de la orden / GrupodeSanMiguelArcángel
El Juzgado de instrucción número 1 de Tui ha impuesto fianzas por casi 2,2 millones de euros a los diecisiete procesados en el caso de la Orden y Mandato San Miguel Arcángel, la mayoría al líder, Miguel Rosendo, y a su mujer e hijos, informaron hoy fuentes judiciales.
En un auto, el Juzgado alude además a la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, habida cuenta de que amparó en su seno durante años a la citada organización, al considerar "evidente" un "vínculo necesario" entre los sujetos activos del presunto delito y la entidad o persona subsidiariamente responsable.
A Rosendo, en prisión provisional desde diciembre de 2014, la instrucción del sumario le atribuye 24 delitos continuados contra la integridad moral, otros tantos de abusos sexuales, en algunos casos también de forma continuada, y uno de agresión sexual.
Además, tanto a él como a su mujer, María del Carmen, y a sus hijos, Verónica y Cristian, les atribuye un delito contra la hacienda pública y otro continuado de blanqueo de capitales, y adicionalmente, uno de asociación ilícita, como a los otros trece procesados.
Entre estos se cuentan varias pseudomonjas, a una de las cuales, Marta Paz, le mantiene la medida cautelar de comparecencias judiciales periódicas.
Los diecisiete procesados están citados para los próximos 21 y 22 de diciembre a una declaración indagatoria, en la que se les dará traslado del auto de procesamiento en presencia de sus abogados.
La Orden y Mandato de San Miguel Arcángel fue reconocida por la Diócesis de Tui-Vigo en julio de 2009 como asociación pública de fieles con derecho diocesano.
La Diócesis católica tuvo conocimiento de unas supuestas "irregularidades" en diciembre de 2012 pero no retiró su apoyo a la organización y a su derivada, llamada Serviam y establecida en Madrid, hasta que estalló el escándalo.
