Gabriela Bravo quiere participar en la reforma del actual modelo judicial

Valencia

Las comunidades autónomas deben ser tenidas en cuenta en la reforma de la justicia que parece promueve el estado. Lo ha dicho la consellera Gabriela Bravo en una conferencia en Nueva Economía Fórum. El actual modelo judicial, obsoleto y caduco, precisa no solo de dinero sino de una justicia nueva, con otra estructura, más cercana al ciudadano.

Y debe contar con las autonomías porque los datos son tajantes: más del 60% del presupuesto que el gobierno central destina a la justicia proviene de las autonomías con competencias transferidas. Entre ellas la valenciana.

Bravo ha puesto como ejemplos de por dónde debe ir el nuevo modelo de justicia las iniciativas que está poniendo en marcha el Consell: la red pública de oficinas de atención a las víctimas del delito; la ley de memoria democrática; la implementación de la justicia gratuita y el fomento de la mediación, como vía extrajudicial de resolución de conflictos.

Y ha explicado que también trabajan en la adecuación de infraestructuras aunque el estado de abandono que encontraron cuando llegaron al consell les va a impedir poder tenerlo todo a punto en esta legislatura.

También ha anunciado un plan para rejuvenecer la plantilla de funcionarios porque las plantillas precisan estabilidad, hay demasiados interinos, demasiados funcionarios con destino provisional y la edad media es muy alta. Para ello está el anteproyecto de ley de función pública valenciana y un plan específico de recursos humanos para el área de justicia.

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NUEVA LEY DE LA ABOGACÍA

Gabriela Bravo ha asegurado, a pregunta de la Ser, que la nueva norma que prepara la Generalitat para que la abogacía de la Generalitat pueda defender a funcionarios y altos cargos de la administración. Una medida que el gobierno de Alberto Fabra retiró tras encontrarse con casos en los que el defendido se convirtió en acusado por la propia abogacía. Según Bravo la norma ahora establece mecanismos para en el caso de que se diera ese supuesto la abogacía retire la defensa al funcionario o alto cargo señalado.