Condenan al SERMAS a pagar 247 mil euros por un diagnóstico tardío que acabó en muerte
Una mujer de 43 años ingresó en la Fundación Jiménez Díaz con una incontinencia urinaria y acabó falleciendo un mes y medio después. Los médicos tuvieron que amputarle las piernas.
Cadena SER
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud a indemnizar con 247 mil euros a la familia de una mujer de 43 años que ingresó en la Fundación Jiménez Díaz con una incontinencia urinaria y acabó falleciendo por una complicación postoperatoria. Antes de morir le amputaron las dos piernas.
Los hechos ocurrieron en 2008. La paciente ingresó el 1 de septiembre en la Fundación Jiménez Diaz para ser intervenida de incontinencia urinaria. La operación transcurrió con normalidad pero en el postoperatorio surgieron complicaciones que acabaron provocándole una fascitis necrotizante, una infección bacteriana grave de la piel que se propaga rápidamente y destruye los tejidos blandos del cuerpo. Tras 15 días en la UCI de la Fundación,y al verse totalmente incapacitados para resolver la situación, los médicos deciden trasladarla al Hospital de la Paz, donde los facultativos se vieron obligados a amputarle ambos miembros inferiores. La mujer acabó falleciendo el 28 de octubre, un mes y medio después.
La paciente presentó en el postoperatorio inmediato dolor severo en las extremedidas inferiores y un hematoma en la ingle No se le realizó ninguna analítica ni ninguna prueba para diagnosticar el origen de ese dolor hasta tres días después de la intervención. Tampoco se le pautó tratamiento antibiótico ni antes ni después de la operación.
La inspección sanitaria llegó a emitir un informe en el que aseguraba que existió una demora en el diagnóstico habida cuenta que la paciente padeció complicaciones desde el primer momento, así como deficiencias en la atención dispensada en la UVI, donde permaneció 14 días recibiendo tratamiento sin éxito, manejada por profesionales de diferentes especialidades, sin que estuviera a cargo de un facultativo concreto.
La causa fue archivada por la vía penal en mayo de 2013, pero la familia interpuso un recurso contencioso administrativo. Ahora, la Sección Décima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que los familiares deben ser indemnizados en una cuantía total de 247.000 euros porque hubo "mala praxis" en la atención sanitaria de la paciente.
La defensa de los intereses de los familiares ha sido ejercida por la Asociación 'El Defensor del Paciente'.
