Desahuciados por la Iglesia
La congregación de las Clarisas quiere desalojar a una familia que vive desde hace diez años en el convento de Santa Isabel, en Santa Marina. Se dedicaban a labores de mantenimiento y a cuidar monjas ancianas a cambio de alojamiento. La Abadesa los considera "huespedes" y denuncia que han rechazdo su ayuda para alquilar otra vivienda.
Protesta de Stop Desahucios en el convento de Santa Isabel / Cadena SER
Córdoba
Una concentración de la plataforma Stop Desahucios en la puerta de un convento no es algo habitual. Lo normal es que este grupo de voluntarios protesten frente a una oficina bancaria o a las puertas de alguna institución pública. Sin embargo, en esta ocasión, los cánticos, las pancartas y las soflamas en contra del sistema económico que “rescata al banquero y desahucia al obrero” se han escuchado frente a la misma puerta del convento de Santa Isabel, frente a la iglesia de Santa Marina. Un escenario distinto para un problema común: una familia a la que quieren echar de su casa. Sólo que en este caso su casa, desde hace once años, es un convento.
Juan Rafael Mazo, su mujer Luz Elena González y sus dos hijos, Daniel y Juan Rafael, viven en el convento de las hermanas Clarisas desde el año 2005. Él era el encargado de arreglar todo lo que se rompía, “electricidad, tuberías, cosas de albañilería” y ella, tal y como nos ha contado Juan Rafael, “ayudaba a cuidar a las monjitas más mayores”. A cambio de este trabajo, la comunidad les permitía vivir en unas dependencias situadas dentro del convento. “No teníamos ningún salario especificado” ha aclarado Juan Rafael, que también ha expresado su “agradecimiento a las monjitas con las que siempre tuvimos una relación muy buena todos estos años”, ha dicho.
Sin embargo, todo cambió a raíz de que a principios de año la Orden tomó la decisión de cerrar el convento y trasladar a las trece hermanas que vivían en él a otros destinos. La última hermana en abandonar el convento lo hizo el pasado mes de mayo. Desde entonces Santa Isabel sólo abre sus puertas los miércoles para permitir a los cordobeses cumplir con la tradición de visitar a San Pancracio.
Desde el pasado mes de mayo, Juan Rafael cuenta que “empezaron a presionarnos para que nos fuésemos, cuanto antes”. Pero “¿dónde vamos a ir después de once años viviendo y trabajando allí?” se pregunta. “No esperábamos esto”, confiesa Juan Rafael, que insiste en que no se niegan a irse, “pero esperamos que nos den una alternativa”. La congregación les dio como fecha límite para abandonar su casa el pasado 1 de agosto.
Juan Rafael Mazo / Cadena SER
Juan Rafael Mazo / Cadena SER
Rafael Carmona, portavoz de Stop Desahucios, dice que “es una barbaridad que las monjas se olviden ahora de los más importante, de una familia de la que además se han aprovechado todos estos años”. También ha contado que “hace unas dos semanas les han planteado que abandonen la vivienda a cambio del pago de 2.400 euros”. Insisten desde Stop Desahucios en exigir una alternativa para esta familia, “que el Obispado o la congregación les faciliten una vivienda temporalmente hasta que puedan rehacer sus vidas fuera del convento”.
La congregación los considera “huéspedes” y les acusan de rechazar su ayuda
En un comunicado con fecha del 2 de diciembre pasado, la Comisaria Pontificia y Abadesa de Santa Isabel, Maria Rosario Sánchez, asegura que la familia que vivía en el convento lo hacía “en calidad de invitados y huéspedes como hermana y cuñado” de la antigua Abadesa, a quienes, según explica “se les comunicó con antelación suficiente que debían desalojar dichas instalaciones”.
Según explica en dicho comunicado, “en todo momento se les está ofreciendo ayuda, tanto para encontrar trabajo como para el pago de un alquiler de un piso” ante lo cual, añade, “siempre hemos encontrado la negativa como respuesta y actitudes de provocación para seguir viviendo en las dependencias conventuales, desprestigiando a esta orden de la que han vivido durante trece años”
La Abadesa también contradice la versión de Juan Rafael sobre sus condiciones de trabajo. Según explica la Comisaria Pontificia en este comunicado, “cuantos trabajos han realizado en el Monasterio, bien de limpieza o ayudando a las Hermanas ancianas, han sido retribuidos económicamente de una manera generosa”.
Según Maria del Rosario Sánchez, la actitud de esta familia “sólo puede justificarse en un deseo de aprovecharse de los derechos sociales de un país democrático que les ha acogido con los brazo abiertos”
El Obispado rechaza pronunciarse
Preguntado por este asunto, fuentes del Obispado de Córdoba remiten cualquier respuesta directamente a la Orden de las Clarisas y recuerdan que el Obispo ya ha manifestado antes que bajo su punto de vista “el convento de Santa Isabel no se debía de haber vendido”
