La fiscal mantiene la penas de ocho años de cárcel para Zerolo y Parejo

Santa Cruz de Tenerife

Tras más de tres meses de sesiones maratonianas, el macrojuicio de Las Teresitas ha llegado a su fin con la lectura de las conclusiones por parte del Ministerio Fiscal. La ponente, María Farnés Martínez no dejó indiferente a nadie en una exposición la que reiteró la evidente ilegalidad de la operación de compraventa de las once parcelas del frente de playa y de la existencia de un claro afán por beneficiar a los empresarios. De esta forma, la fiscal asevera que se pagaron dos veces más de los constaban las parcelas obviando informes como el de la exarquitecta municipal, Pía Oramas. En cuanto a la intervención de los peritos, quienes protagonizaron un arduo interrogatorio como en el caso de Javier Domínguez Anadón, la fiscal aseveró que intentaron "dar la impresión de que estamos ante un caso complicado y no lo es. "Hay dos realidades, como en Matrix: una contrastada y otra virtual", señaló Farnés. En este punto, la fiscal refirió que la supuesta complejidad urbanística era un intento de los peritos afines a los acusados para dibujar una maraña confusa y "engañarnos". La realidad, añadió Farnés, es más simple: La sentencia del Tribunal Supremo no modifica el deslinde de la playa; no se concedió el 10 % de aprovechamiento y se optó por pagar el doble por las parcelas.

Por todo ello, la fiscal ha mantenido la petición de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo por la comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos, al igual que al exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo. En cuanto a los empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González, la fiscal les ha imputado el delito de inductores necesarios además de los delitos de malversación de caudales públicos. Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación contra los funcionarios José Eugenio Zárate y Antonio Messia de Yraola -exsecretario y exinterventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife- y Carlos Plasencia y Pedro González, hijos de los empresarios acusados. Finalmente la Fiscalía solicita a los condenados abonen un total de 6.750 millones de pesetas al Ayuntamiento en concepto de indemnización.