El Ayuntamiento pilotará el nuevo plan para el desarrollo norte de Madrid
Una comisión técnica formada por el Consistorio, Fomento, Comunidad de Madrid y el operador privado debatirá la nueva propuesta para desatascar la Operación Chamartín
GRA191. MADRID, 30-112016.- El ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna (i), y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (d), durante la rueda de prensa conjunta que han ofrecido tras la reunión que han mantenido hoy en la sede del Ministerio, en la que / Víctor Lerena (EFE)
Madrid
Manuela Carmena e Íñigo de la Serna hablan el mismo lenguaje. Es lo que se deduce del encuentro que han mantenido este jueves para tratar de desatascar el desarrollo norte de Madrid, empantanado desde hace 23 años.
Nadie se atreve a aventurar cómo acabarán las buenas intenciones manifestadas al término de la entrevista, pero al menos hoy han sentado las bases para desbloquear la prolongación de la Castellana. Para empezar, están de acuerdo, que no es poco, en su buena disposición para trabajar con una propuesta sobre la base de un nuevo plan.
Y lo primero que van a hacer es crear una comisión de trabajo, en la que estarán representados, el ministerio de Fomento, a través de Adif, el Gobierno regional y el propio Consistorio, además del promotor privado Desarrollo Castellana Norte (DCN) y las comunidades de propietarios. El Consistorio, además, tendrá la responsabilidad de liderar el proceso. De la Serna también ha subrayado que no desea que esta nueva ronda de contactos sobre la Operación Chamartín quede en un "bla, bla, bla" o en "discusiones estériles".
El acuerdo de creación de esta mesa técnica lo han hecho público el ministro y la alcaldesa en una comparecencia conjunta en la sede del Ministerio, donde, tras reunirse durante unos 20 minutos, han escenificado su voluntad de diálogo tras meses de desencuentros entre ambas administraciones.
El ministro ha anunciado que se convocará la primera toma de contacto de esta comisión, antes de Navidad, con el propósito de "trabajar con el mayor dinamismo posible". Este grupo de trabajo será encabezado por José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, y Juan Bravo, presidente de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif),
La alcaldesa ha dicho que ‘Madrid Puerta Norte’, su plan alternativo a la vieja y fallida ‘Operación Chamartín’, era una “propuesta abierta” donde cabían distintas opciones. “Que no es un proyecto cerrado”, añadía Carmena, además de manifestar su preocupación por la estación ferroviaria.
La idea ahora es pactar un plan nuevo para el norte de Madrid. Como el asunto está en los tribunales, tanto Carmena como De la Serna confían en que haya un acuerdo que se adelante al recurso judicial. El ministro, además, a un mes de que venza la concesión de los terrenos, ha dado instrucciones para prorrogar el convenio entre Adif y el promotor privado (DCN), formado por el BBVA y la Constructora San José.
La alcaldesa enfatizaba que el Ayuntamiento de Madrid no podía "vivir más la situación del 'empantanamiento'" y de tantos años sin cerrar "esa especie de llaga". "La situación actual exige escuchar y ponernos a trabajar", ha reivindicado Carmena, además de mostrar el diálogo como "el único camino" para que "Madrid sea lo que tiene que ser: la capital de España y una de las ciudades más particulares e interesantes de Europa".
Menos pisos y oficinas
El pasado mes de mayo, Manuela Carmena presentó su plan alternativo “para impulsar el desarrollo del norte de la ciudad”, que enmendaba y reducía de forma considerable la Operación Chamartín, rebautizada por el Ayuntamiento con el nombre de Madrid Puerta Norte. La propuesta mantenía el coeficiente de edificabilidad, pero con unos nuevos cálculos que sacaban del proyecto infraestructuras como las carreteras y vías del tren, que sí había incluido Distrito Castellana Norte (DCN).
De esta forma, la superficie lucrativa para viviendas -había previstos 17.700 pisos- y oficinas se reducía a la mitad. Carmena, además, propuso asumir “de inmediato” y con dinero público la reforma de la estación de Chamartín y del nudo norte y de Fuencarral, tomando como modelo el Pasillo Verde Ferroviario (Arganzuela).
El Gobierno de Ahora Madrid propuso entonces “más peso de la gestión pública” en “la mayor operación urbanística de Madrid”. Y con tal motivo, planteó “la creación de un consorcio urbanístico público que desarrolle el área al sur de la M-30”, dejando la iniciativa al norte de la autovía en manos de promotores privados.
El nudo norte y Fuencarral
El Ayuntamiento anunció su intención de respetar la densidad edificatoria, pero “excluyendo del cómputo los suelos de la red viaria y ferroviaria, y todos aquellos que no sean necesarios para concretar la operación urbana o cuya transformación no esté prevista”. De esta forma, quedarían fuera de la operación 1.440.387 metros cuadrados de la M-30, la M-40 y las infraestructuras ferroviarias, para los que propuso “mantener su uso y calificación actual”.
Una vez excluidos, la superficie total de la operación quedaría reducida a 1,7 millones de metros cuadrados (233.082 correspondientes a la estación de Chamartín).
El proyecto privado
Hasta que la iniciativa fue rechazada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el promotor privado DCN (BBVA y constructora San José) había previsto una inversión cercana a los 6.000 millones de euros para actuar sobre una superficie de 311 hectáreas. Además de las viviendas, con la extensión de 3,7 millones hacia el norte, DCN tenía previsto levantar un área financiera con el rascacielos más alto de la Unión Europea (70 plantas), más otros cinco similares a las cuatro torres (45-57 pisos).
Un atasco que dura 23 años
La Operación Chamartín fue ideada en 1993, aunque ya entonces permaneció bloqueada durante 15 años debido a la falta de consenso político. El Ayuntamiento (PP) aprobó en marzo de 2011 un plan urbanístico con 11.000 millones de inversión y 17.000 viviendas (4.000, protegidas), que fue anulado en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En enero de 2015, la ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad, Ignacio González; y la alcaldesa de la capital, Ana Botella -todos del PP- anunciaron un nuevo proyecto, que pasó a llamarse Distrito Castellana Norte. Impulsado por el BBVA (75,5%) y la constructora San José (24,5%), el plan reducía la inversión a algo menos de 6.000 millones de euros con la previsión de levantar 17.699 viviendas, un 10% de ellas con algún grado de protección.
Botella se negó aprobarlo antes de las elecciones municipales de mayo, que convirtieron en alcaldesa a Manuela Carmena. Ahora Madrid había prometido “paralizar las operaciones urbanísticas especulativas” y “rehacer el proyecto urbano de forma participada”. La propia Carmena ya avanzó en junio de ese año que había que “darle una configuración distinta” al proyecto “porque en Madrid no hacía falta ahora un número de viviendas tan grande”.
