Los nuevos altos cargos deberán facilitar datos de sus familiares

Bilbao

Los cargos públicos deberán declarar sus actividades públicas y privadas hasta dos años antes de su mandato y, también, durante los dos ejercicios posteriores a abandonar su responsabilidad política. En este caso, junto con la declaración de bienes. En el decreto que se publica en el Boletín Oficial del País Vasco, se recoge, además, que las personas que ocupen puestos de responsabilidad pública tendrán que solicitar al Gobierno Vasco autorización para ocupar un puesto de trabajo en la empresa privada, durante los dos años posteriores a su cese.

El Decreto sobre obligaciones y derechos extiende a los familiares y personas cercanas al cargo público la información de la que debe dar cuenta, ya que deberá presentar una declaración de inexistencia de conflicto de intereses en relación a las actividades privadas de sus familiares. Establece que los cargos públicos deberán abstenerse de intervenir "en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurran o se favorezcan intereses propios, de su cónyuge o pareja de hecho o de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas". Señala el Decreto, además, que "no intervendrán en el conocimiento o decisión de asuntos en lo que se afecte a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación con el servicio", tanto de ellos como su cónyuge o pareja de hecho o sus familiares dentro del segundo grado de afinidad.

Entre las obligaciones de los nuevos altos cargos está, además, trasladar apenas un mes después de su toma de posesión información sobre su trayectoria académica, experiencia profesional y si ha cobrado en alguna ocasión indemnización alguna por un cese como cargo público o la cuantía, entre otros datos. Además, se publicarán las bases imponibles de la declaración de IRPF y, en su caso, del patrimonio de todo el personal cargo público. El Decreto establece que cada seis meses se envíe un informe al Parlamento Vasco con las infracciones cometidas por cada cargo público, así como las sanciones que haya derivado de las mismas.

Respecto al nuevo Código Ético, se trata de un texto refundido y una modificación derivada de las nuevas normas aprobadas en materia de obligaciones y derechos. Entre las principales novedades destaca la obligatoriedad de los cargos de firmar una autorización para publicar sus ingresos y actividades y la sustitución del término "imputación" por "investigación". Todas las personas que accedan a un cargo público en la Adminstración tienen la obligación de firmar este Código Ético y de Conducta.