Según el PSOE la Junta pago 4 millones 700 mil euros de gratificaciones en 2014
Según el procurador socialista Pedro González, el ejecutivo de Juan Vicente Herrera pago por gratificaciones extraordinarias esta cantidad en 2014
Sede de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León / ICAL
Se conocen popularmente en la Administración regional como “bufandas” y no tienen nada que ver con la prenda de abrigo sino con determinadas cantidades de dinero que reciben un grupo determinado de funcionarios públicos cercanos a las consejerías. “Son gratificaciones extraordinarias que se pagan de forma periódica y sistemática”, según denuncia Marcial Barba, delegado de personal de UGT en la Junta de Personal de Servicios Centrales, el órgano de representación de los trabajadores de la Administración regional.
Este tipo de “sobresueldos” como también los llaman algunos, son de muy difícil comprobación, ya que la Junta no quiere que se conozcan ; de hecho la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo las califico en su día como “secretas” ya que su difusión “podría vulnerar la Ley de Protección de datos”.
Sin embargo, el procurador del PSOE, en las Cortes, Pedro González ha podido extraer algunos datos de las “bufandas” que la Junta pagó en 2014 a determinados trabajadores entre los que se encuentran los chóferes o las secretarias.
En 2014, según el PSOE, la Consejería de Presidencia, pagó por este concepto 167.00 euros, de los que “cada trimestre, el conductor del Consejero cobró 4.200 euros” según Pedro González que califica este hecho como de “barbaridad”.
Pedro Gonzalez, también señala que “No entendemos como el conductor de la Consejería de Hacienda, cobró todos los meses 1.500 euros de una manera muy aleatoria, o como el conductor del Consejero de Fomento recibió 20.000 euros en 2014 aparte de su sueldo lo que nos parece desorbitado”.
Por su parte los sindicatos también hacen referencia al silencio impuesto desde el Gobierno de Castilla y León, ya que se niega el "acceso a la documentación con el pretexto de que se trata de información secreta".
Los sindicatos que representan a los funcionarios de la Junta de Castilla y León creen que estos sobresueldos podrían ser constitutivos de un delito contra la administración pública, porque tienen un "carácter continuado" y el dinero entregado al ‘grupo de empleados públicos "hacen especialmente graves" los pagos. Hace dos años el colectivo que reúne a cinco sindicatos de la junta de Castilla y León–CSIF, CGT, CC OO, UGT Y USAF- llevo, el caso a la Fiscalía Anticorrupción. La fiscalía informó que la denuncia debería remitirse a otras instancias y así lo hicieron los denunciantes que pidieron el derecho a la justicia gratuita, algo que finalmente consiguieron. Ahora están esperando que se asigne un abogado de oficio para iniciar el procedimiento penal.
Por su parte el PSOE también ha solicitado poder acceder a la información sobre las gratificaciones extraordinarias pagadas en 2015 y 2016.
