Feminicidio

Palencia

Más de 850 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex-parejas desde 2003 en España, y ya son más de cuarenta las que se computan en lo que va de año según la contabilidad que maneja el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Porque eso es lo que parece cada vez que otra mujer es asesinada, un macabro recuento de víctimas, un enterramiento más, otro dato para la estadística.

Si desde el pasado enero hubieran sido asesinados cuarenta banqueros, cuarenta políticos o cuarenta futbolistas estaríamos en estado de máxima alerta. Pero las mujeres, cuando son asesinadas, basta con ser rememoradas cuales seres humanos con crueles antecedentes de la violencia machista o, en otros casos, en la zozobra de un perverso proceso de divorcio. Son cadáveres que salen del anonimato recién estrenada su condición de muertas, muchas veces gracias a los reportajes sobre su propio vecindario en los medios de comunicación.

Dos de las últimas mujeres asesinadas son de nuestra región. Juani, en León, muerta a hachazos es un caso especialmente terrible porque la víctima tenía un mandato de protección policial y el asesino una orden de alejamiento. Entonces, ¿qué sucedió si el último control se le hizo a la mujer horas antes del crimen y el dispositivo de seguridad no apreció riesgo alguno para ella?

Parece que ese dispositivo fue insuficiente y que si, en otras circunstancias estimándose un alto riesgo sobre la integridad física de las personas se les ha proporcionado seguridad con guardaespaldas a diario a quien permanecía amenazado, habrá que pensar que este sistema de salvaguarda personal con la violencia machista deberá ser manifiestamente mejorado. A todas luces parece que por efecto de la violencia no todos los muertos sean iguales.

A menudo se argumenta que hay que combatir la violencia de género con programas educativos dirigidos a muy temprana edad. Bien, de acuerdo. Pero mientras tanto prioricemos, deberemos comprender y asumir el complejo fenómeno de cómo obran las víctimas, cómo se comportan los agresores y también atisbar las señales que alertan del peligro que corren las mujeres que se han atrevido a denunciar.

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Es muy urgente poner en marcha procesos de valoración integral de ese riesgo con equipos de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, que evalúen la situación de la víctima, del agresor y de sus hijos, para recomendar a los jueces la medida de protección más adecuada en cada caso.

¡Cuánto tiempo llevamos hablando de lo mismo y, lo que es peor, cuánto tiempo más transcurrirá con igual, o peor, situación! ¡Cuántos cientos de mujeres más veremos morir asesinadas!