Política

SARE denuncia que el Delegado del Gobierno quiere impedir unas jornadas en las que participan víctimas de ETA

Desde la Delegación del Gobierno puntualizan que no se han recurrido las jornadas, sino las ayudas concedidas por el consistorio vitoriano a SARE, sin tener en cuenta a qué fueron destinadas

Joseba Azkarraga durante una comparecencia de prensa anterior / IÑAKI ANDRES (EFE)

Bilbao

El colectivo a favor de los derechos de los presos, SARE, ha denunciado que el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, quiere impedir la celebración de unas mesas redondas organizadas para celebrar en Vitoria a finales de mes y la devolución de las ayudas que les había concedido el ayuntamiento de Gasteiz para esas jornadas convocadas bajo el título "Derechos Humanos, Resolución, Paz".

Desde la Delegación del Gobierno en el País Vasco se puntualiza: no se han recurrido las jornadas ni la celebración de ninguna mesa redonda, sino las ayudas que el ayuntamiento vitoriano concedió a SARE, sin tener en cuenta a qué han sido después destinadas.

Por su parte, el portavoz de SARE, Joseba Akarraga, se pregunta cómo se puede atentar contra la dignidad de las víctimas del terrorismo cuándo son ellas mismas las que participan, aludiendo a la participación en esas mesas redondas de víctimas de ETA como Sara Buesa, Presidenta de la Fundación Fernando Buesa, o Rosa Rodero. Además de víctimas de ETA, las jornadas contarán también con la presencia de víctimas del GAL y de la dispersión.

En esas mesas, previstas para los tres últimos días de este mes de noviembre, están llamados también a participar el magistrado J.Antonio Martín Pallín, el lehendakari Juan José Ibarretxe o el abogado Iñigo Iruin entre otros y está previsto que una de las mesas sea moderada por la Directora de Contenidos de SER Euskadi, Eva Domaika. 

Se suspende la vista para recuperar los 104.000 euros

Además, SARE va a tener que seguir esperando para poder recuperar esos 104.000 euros que recaudó durante la manifestación de Enero de 2015 y que fueron después requisados durante una operación de la Guardia Civil.

La Sala de la Audiciencia Nacional que hoy debía decidir sobre el asunto ha suspendido la vista después de que SARE haya pedido la recusación de dos de los tres magistrados que conforman la sala, Concepción Espejel y Enrique López.

 
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