El fiscal pide el archivo del 'caso espías' al no estar probado el ánimo de lucro en la malversación

Madrid

La Fiscalía ha vuelto a pedir el archivo del caso del espionaje político dentro del PP de Madrid. Los seguimientos de guardias civiles y policías a los adversarios políticos de Esperanza Aguirre alineados con Mariano Rajoy en los años en los que el liderazgo del Presidente del Gobierno dentro del partido estaba en entredicho. Una investigación que se ha archivado tres veces y se ha reabierto otras tantas en los siete años que lleva en el juzgado, gracias al recurso de la acusación popular del PSM.

El escrito del Ministerio Público admite “a efectos dialécticos la existencia de algún seguimiento” pero a renglón seguido subraya que “no es posible diferenciar el tiempo de la jornada laboral dedicada por parte de los investigados a ello, si utilizaron coche oficial, si las comunicaciones telefónicas se dedicaron a cuestiones ajenas a su función”. Por todo ello, señala “de haberse producido algún seguimiento utilizando efectos públicos no es posible acreditar la cantidad presuntamente defraudada”.

Dice el informe del fiscal que no hay indicios de que los investigados cometieran un delito de malversación de caudales públicos porque no ha quedado acreditado que “destinaran a usos ajenos a la función pública caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. A ello hay que sumar que tampoco ha quedado acreditado, según el escrito, el “ánimo de lucro” y el “grave perjuicio para la causa pública”, elementos también necesarios para que haya delito de malversación.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid presentaron un escrito en el que sostienen que se produjeron con fondos públicos tareas ilegales de seguimiento a cargos políticos y piden penas de suspensión de empleo y multa para los seis imputados (tres guardias civiles, dos policías y un empleado público) por este caso.