La Junta pide a Pascual multa de 10 millones por "abuso de poder"

Cádiz

La Junta de Andalucía quiere que la Agencia de Defensa de la Competencia en Andalucía condene a la empresa Pascual, propietaria de seis hospitales en Cádiz, Huelva y Málaga, a una multa del 5% de su facturación anual en 2015 o, en su defecto, una multa de diez millones de euros. Es una de las principales conclusiones de la denuncia interpuesta en este organismo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para intentar poner freno a la conducta "de abuso de poder" que mantiene la compañía desde que finalizó el último concierto sanitario. En esa denuncia, Salud admite que, ahora mismo, necesita y no puede prescindir de los centros sanitarios que Pascual tiene en El Puerto, Sanlúcar y Villamartín. Tanto que admite, de forma literal, que sin ellos aumentaría la tasa de mortalidad en la provincia.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Radio Cádiz, dedica gran parte de sus 33 folios a argumentar que Pascual se está aprovechando con fines económicos de la dependencia que la Junta de Andalucía tiene ahora mismo de los tres hospitales que la empresa dispone en ciudades, donde no existe ningún otro centro sanitario, ni público ni privado, que pueda atender esta demanda. "No concertar con los hospitales de Pascual ocasionaría graves consecuencias para la asistencia sanitaria de los ciudadanos en estas tres ciudades".

Y lo argumenta con cifras. En los últimos cinco años, estos tres hospitales de Pascual han contabilizado por año una media de 58.900 estancias de pacientes ingresados, 19.625 intervenciones y 24.703 estancias de cirugías con ingreso, además de 174.278 consultas anuales y 143.590 asistencias de urgencias.

Si la Junta dejara de contar con los hospitales de El Puerto, Villamartín y Sanlúcar, todos estos pacientes tendrían que ser atendidos en los hospitales públicos de Jerez o Puerto Real, lo que superaría "con creces" el 100 % de las camas, consultas y quirófanos disponibles. Es por eso que resume con crudeza. "Esta situación descrita hace imposible prestar la asistencia en los pacientes en los tiempos adecuados en otros centros del SAS y puede provocar un incremento en las tasas de mortalidad, así como de las complicaciones o comorbilidades generadas por el retraso en la asistencia".

La Junta detalla esta dependencia a Pascual como el motivo por el que la empresa, perfectamente conocedora de esta situación, está exigiendo al SAS unas condiciones económicos "imposibles de cumplir por parte de la administración". Es lo que define la denuncia como "persistencia en el abuso de poder".

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Desvela el SAS en su denuncia que Pascual intentó poner como condición indispensable para concertar nuevamente los hospitales de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín la cesión para su gestión de los hospitales construidos por la Junta en Lepe, Vejer y Cártama, algo a lo que se ha negado siempre el Gobierno andaluz. El problema posterior vino con los precios que pretendía fijar Pascual, "muy por encima del valor de mercado", con valores hasta un 150 % más caros que los servicios concertados con otras empresas.

Ante la persistencia en la actitud de Pascual y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el SAS quiere que sea la Agencia de Defensa de la Comptencia de Andalucía (dependiente de la Junta) la que condene a la empresa y le haga cesar en su actitud. En su petición de condena, reclama que Pascual deje de pedir "prestaciones suplementarias injustificadas", "satisfacer una multa del 5 % de su facturación anual o multa de 10 millones de euros" y una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a la empresa por cada jornada en la que Pascual siga inckumpliendo las obligaciones que, en virtud de esta denuncia, se le impongan por la Agencia. Multa que subiría a 60.000 euros para cada miembro del Consejo de Administración que avale con su voto esta actitud.