Las AES cubrirán de forma expresa la pobreza energética en Euskadi
El Gobierno vasco contempla específicamente esos gastos en el nuevo Decreto. Toña dice que en Euskadi no se puede dar un caso como el de Reus
CADENA SER
Bilbao
El Gobierno vasco en funciones ha hecho llegar al Parlamento autonómico un proyecto de Decreto que regula las Ayudas de Emergencia Social (AES) que reconoce expresamente las situaciones de pobreza energética al incluir los gastos de luz, el gas y otros combustibles como susceptibles de ayuda.
La nueva normativa se aprobará en los próximos meses después de que tome posesión el nuevo Ejecutivo vasco, según ha precisado el consejero de Empleo y Políticas Sociales, ÁngelToña, al ser preguntado por el caso de la anciana fallecida en Reus en un incendio causado por una vela, ya que Gas Natural Fenosa le había cortado el suministro eléctrico por no pagar.
Toña ha explicado que el citado decreto "normaliza" las ayudas que ya se dan a través de las AES, pero incluye un apartado concreto en el que se establece como "prioridad" la atención a las necesidades básicas de suministro de agua, luz y electricidad en casos de pobreza.
En la actualidad, ya se atiende con estas mismas ayudas a las personas que no pueden pagar las facturas eléctricas o de gas para que no les corten el suministro.
En 2015, según ha explicado Toña, el 44% de las AES, unos 10,6 millones de euros, se destinó mayoritariamente a este tipo de gastos.
Además, Cruz Roja gestiona una partida adicional y "específica" de 400.000 euros anuales presupuestados por el Gobierno vasco para atender a familias que por distintas razones no puede acceder a las AES o la RGI.
Asimismo, el Gobierno vasco y los principales ayuntamientos vascos han suscrito distintos acuerdos marco con las empresas suministradoras de luz, energía, gas y agua para que las personas que no puedan pagar la factura por su situación de pobreza no sufran cortes de suministro "en ningún caso".
"Estamos en condiciones de decir que en Euskadi no debería suceder lo ocurrido en Reus, porque todos esos acuerdos y el trabajo de los servicios sociales garantizan que no suceda", ha remarcado, aunque ha matizado que "un caso individual, no atendido por los servicios sociales, es difícilmente evitable".
