La respuesta de los ayuntamientos catalanes a la pobreza energética
La aplicación de la ley de la Generalitat para luchar contra la pobreza energética ha sido muy diferente según la actuación que ha hecho cada municipio
Barcelona
La Ley de Emergencia Social catalana se comprometía a luchar contra la pobreza energética. Para ello, evitaba los cortes de suministro a aquellas personas que no pueden pagar las facturas.
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La ley está en vigor desde el verano de 2015, pero la relación entre los ayuntamientos y las empresas de luz, agua y gas es muy diferente según la actuación de los consistorios. En algunos casos, las eléctricas y suministradoras de servicios no acatan la ley hasta que los ayuntamientos no amenazan con multarlos.
De momento, las únicas que han firmado los convenios y cumplen con la normativa son las empresas municipales de agua. Por tanto, sólo las administraciones asumen la deuda. Las grandes compañías no han pagado ni una factura.
Cuatro días después de la muerte en un incendio de la mujer que tenía la luz cortada, el presidente Carles Puigdemont dice que la situación trágica producida en Reus debe interpelar a todas las partes y reclama a las empresas de suministros, a quien acusa de poner trabas a la ley catalana, que firmen los convenios para aplicar y extender la ley, que tiene la voluntad política de erradicar el riesgo.
