El Govern estudia abrir litigio ante la Audiencia Nacional por las desaladoras
Madrid reclama a Baleares que pague 46 millones de euros por usar las plantas de Ibiza y Menorca
Ministerio Medio Ambiente
Palma de Mallorca
Se abre el primer litigio entre el nuevo Gobierno central y la Comunidad Autónoma en esta legislatura que puede acabar en los tribunales. El Ejecutivo balear ha anunciado en las últimas horas la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional por la reclamación, por parte de Madrid, de unos 46 millones de euros por las desaladoras de Ibiza y Menorca.
La comunicación del Ministerio de Medio Ambiente a la Conselleria que dirige Vicenç Vidal se produjo el pasado 26 de octubre, cuando el Gobierno estaba aún en funciones. Se trata de dos resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en las que reclama que el Govern abone 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulàlia des Riu y 20.225.262 euros por la de Ciutadella.
Es el desenlace de un conflicto administrativo, que se larva desde 2011, al finalizarse las obras de estas infraestructuras, sobre las que en su día ya pesó un sobrecoste de 8 y 4 millones de euros, respectivamente.
El pasado mayo ambas administraciones suscribieron un acuerdo político para desbloquear el uso de estas desaladoras, sobre todo ante la urgencia de la sequía en Ibiza. Según recuerdan desde el Govern, el Ministerio se comprometió a rescatar la concesión de las plantas sin coste adicional para la Comunidad Autónoma.
Las instalaciones, declaradas de interés general en el plan Hidrológico de 2001, son propiedad del Estado, y el Govern se encarga de su explotación. El conseller ha acusado al Ejecutivo central de actuar "contra los intereses de los ciudadanos de las Islas".
El Conseller Balear de Medio Ambiente dice que probablemente presentarán un contencioso ante la Audiencia Nacional y critica que se incumpla el acuerdo alcanzado en mayo pasado para la puesta en marcha de las desaladoras de las islas. Vidal dice que están cumpliendo con su parte al ocuparse de la interconexión de la planta de la Santa Eulalia.
Por su parte el Alcalde de Santa Eulalia, Vicent Marí, dice que este nuevo enfrentamiento no debe repercutir en el precio del agua que pagarán los ciudadanos del municipio cuando se ponga en marcha la planta.
El diputado del Partido Popular en las Cortes José Vicente Marí dice que el sobrecoste de las desaladoras es una herencia del Govern de Francesc Antich y que lo que debe hacer el ejecutivo es seguir presionando. Afirma que él, por su parte, también intentará que el Gobierno Central asuma el pago dinero.
