La Xunta culpa al Concello de Viveiro de que los afectados de O Celeiriño no hayan recibido las ayudas prometidas
La Consellería de Vivenda se escusa en el Concello para no pagar las indemnizaciones
Praza Maior de Viveiro / Cadena SER
Viveiro
La Xunta de Galicia responsabiliza al concello de Viveiro del retraso en las ayudas para el barrio de O Celeiriño e insiste en que la solución para las casas dañadas a las que sus dueños no pueden volver por el peligro que representa pasa por la declaración del barrio como Área de Rehabilitación Integral (ARI).
Esto permitiría a los afectados -en estos momentos quedan siete familias sin poder regresar a sus hogares- acceder a fondos autonómicos y también a subvenciones estatales para restauración, explica Vivenda.
Sin embargo, ésta es la misma propuesta que Vivenda lleva haciendo al concello y los damnificados desde 2009 y que en ambos casos es rechazada, al considerar que el importe al que podrían tener acceso sería insuficiente para realizar las obras necesarias para hacer habitables de nuevo los inmuebles. Una rehabilitación, para la que el bipartito de Touriño había comprometido 30.000 euros para cada vivienda.
El departamento autonómico, tras las quejas vecinales y del gobierno local por el retraso de los fondos, se ampara en que la declaración de emergencia realizada por la Xunta bipartita estipulaba que "para conceder las ayudas previamente las familias debían solicitarlas y además el concello debía certificar que se trataba de la ayuda idónea, y ninguna de las dos cuestiones se ha producido".
Asimismo, el organismo recalca que desde 2009 en "diferentes ocasiones el gobierno gallego planteó al concello la conveniencia de solicitar la decaración de ARI" pero el concello "desatendió las indicaciones de la Xunta privando a los vecinos de las ayudas a las que da acceso la misma".
Por otro lado, el departamento autonómico recuerda que la Xunta actuó en auxilio de los damnificados desde el "primer momento" y colaboró en la "búsqueda de alternativas para las familias más afectadas" y recuerdan que gastó casi 900.000 euros en la adquisición de viviendas para los propietarios cuyas casas fueron derribadas por seguridad. El dinero, pormenorizan, debía ser devuelto por el concello una vez cobre la indemnización que demandó en los juzgados a la empresa responsable de la obra.
El juicio aún no se celebró y está marcado para febrero de 2017, así que desde Vivenda subrayan que la "aún no se recuperó ese dinero".
