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El Gobierno dice que la imputación penal de Osasuna no se puede parar

"La Inspección entiende que hubo indicios de delito", reitera la portavoz del Ejecutivo foral

Imagen del estadio del Sadar, campo del club atlético Osasuna / Cadena SER

Imagen del estadio del Sadar, campo del club atlético Osasuna

Pamplona

Hubo dolo. Intención de delinquir. Así lo ha entendido la Hacienda Foral y así lo entiende el Gobierno de Navarra. Hablamos de Osasuna. De la denuncia ante los juzgados por un presunto delito penal del que sería responsable el club, y que puede arrastrasle al pago de multas de hasta 22 millones de euros en último término.

El Gobierno de Navarra no puede ni tiene dato alguno sobre los motivos que llevaron a la Inspección de Hacienda a acudir a los jueces para denunciar penalmente a Osasuna, ha dicho María Solana, portavoz del Ejecutivo. Pero entiende que las investigaciones sobre los impagos a Hacienda del club descubrieron algo que hasta ahora no se sabía y que su gravedad hizo a la Inspección denunciarlo ante los tribunales. "Algo sustancialmente distinto a lo ya conocido con anterioridad sobre los impagos a Hacienda", ha añadido la portavoz.

¿Puede el Gobierno actuar ahora para evitar que el proceso judicial acabe en una hipotética condena y en el pago de una multa astronómica?

Ya no, ha dicho Solana. No hay vuelta atrás. Si Osasuna quiere intervenir en el expediente judicial debe dirigirse directamente a los juzgados y negociar ante ellos. El Gobierno de Navarra no ha participado en la denuncia ni puede intervenir en ella.

El Gobierno emitió días atrás una nota insistiendo en que la normativa exigía a Hacienda acudir a los tribunales para reclamar el pago del fraude fiscal que afloró en la inspección, salvo que esa deuda se reconociera y pagara íntegramente  antes de que se inicie el procedimiento de inspección en el club, algo que no ocurrió en este caso. Luis Sabalza, presidente de Osasuna señaló en su día que estaban dispuestos a pagar pero que creían que la ley foral de ayuda al club era de punto final y discrepó de la deuda reclamada, que es de 5,7 millones de euros, por impagos de IVA e IRPF. La inspección que hizo aflorar el fraude fiscal se realizó en febrero de 2015.

 

 
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