Comienza el juicio a los responsables de la perrera de Puerto Real

Cádiz

El juicio a los responsables de una perrera de Puerto Real por un supuesto delito de maltrato animal en 2007 ha comenzado este martes en Cádiz. Los acusados son el dueño, la administrativa del centro y dos veterinarios, para los que la Fiscalía y las acusaciones solicitan, respectivamente, penas de prisión de un año y de un año y medio.

Se trata de un caso abierto a raíz de la denuncia presentada por la protectora El Refugio, denuncia que conllevó que la residencia de animales "Asociación para la protección de los animales El Refugio S.L." fuera el primer establecimiento de este tipo cerrado en el país por el Seprona por maltrato animal.

El abogado de una pareja italiana que se presenta como acusación, Marcos García Montes, ha asegurado que se producían “asesinatos” con el “sufrimiento deliberado” y una “asfixia mecánica” de los animales provocada por el paralizante muscular suministrado en la perrera.

Así lo ha declarado a los medios de comunicación a las puertas del juzgado de lo penal número 4 de Cádiz, donde este martes ha comenzado el juicio al propietario, la directora y dos veterinarios de la perrera, que están acusados de maltrato animal por haber practicado eutanasias a cientos de perros y gatos con una sustancia que les provocaba una muerte de forma "cruel y dolorosa".

“Hay que terminar con esta gente que se dedican a cobrar subvenciones de particulares y a engañar a la gente, porque en vez de proteger a perros lo que hacen es matarlos”, ha afirmado García Montes, quien sostiene que los acusados “tienen derecho a mentir, pero no a considerarnos tontos”.

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Este martes se está procediendo al interrogatorio de los acusados. García Montes indica, en este punto, que las imágenes “hablan por sí solas, son dramáticas, como Autschwitz. A los perros no se les puede asesinar de esta forma”.

En esa misma línea se ha pronunciado el presidente de la Asociación El Refugi -la otra acusación-, Nacho Paunero, quien ha explicado que este juicio supone “un paso adelante” en la protección animal.

El juicio se está desarrollando sin la presencia de uno de los dos veterinarios empleados en la perrera en el momento de los hechos denunciados. Este veterinario no ha podido ser localizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es extranjero, y contaría ahora con 79 años de edad.

Este hombre aseguró en 2007 durante sus declaraciones que él utilizaba el paralizante muscular tras aplicar la eutanasia. Lo hacía, según defendió, para que los animales quedaran “más blandos” tras morir a fin de que fueran más manejables para introducirlos en la incineradora.

El abogado defensor del dueño y la administrativa de la perrera, Felipe Meléndez, señala que “lo que se está discutiendo es si era idóneo o no la forma de llevar a cabo por los veterinarios la eutanasia de los animales, que era una de las finalidades del centro”.

En su declaración, uno de los veterinarios de la perrera ha admitido utilizar el paralizante muscular siempre tras un anestésico. Esto se hacía así desde 2005, año en el que la perrera adquirió un horno crematorio. Asegura que nadie le dijo que usara ese paralizante para ahorrar costes y sostiene que, tras este tratamiento, los animales perdían la consciencia aunque permanecían un corto periodo de tiempo sin estar clínicamente muertos.

La Fiscalía solicita un año de prisión para los cuatro acusados por maltrato animal, mientras que las acusaciones elevan esa petición al año y medio de cárcel. Tanto Fiscalía como las acusaciones también piden la inhabilitación temporal de los veterinarios.