Pascual avisa de que puede cobrar a los pacientes las facturas que no le paga la Junta

Cádiz

El conflicto entre la empresa sanitaria Pascual y la Junta de Andalucía se recrudece. La Dirección General del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha remitido un escrito a la compañía para devolverle facturas de unos 87 millones de euros por servicios supuestamente prestados en hospitales de Cádiz, Huelva y Málaga que la entidad pública no está dispuesta a asumir. Pascual advierte de que si la Consejería de Salud suscribe esta postura se verá en la obligación de reclamar el reintegro de estas cantidades directamente a los pacientes. La empresa dice que actuará igual un hospital público ha hecho cuando una aseguradora privada se niega a admitir una factura.

El SAS explica en un escrito enviado este lunes 7 de noviembre a Pascual que no puede admitir las facturas presentadas por la empresa privada por servicios prestados entre noviembre de 2015 y mayo de 2016. Todos estos meses suman 87 millones de euros. Recuerda el ente público que en este período ha dejado de estar en vigor el concierto sanitario de los últimos años y que Pascual, lejos de querer llegar a un acuerdo, "se limita a machaconamente insistir en la admisión de sus condiciones de facturación". El SAS acusa a Pascual de "nula colaboración", aunque mantiene relación con esta empresa porque sigue necesitando de sus hospitales en El Puerto, Villamartín y Sanlúcar al carecer de otros centros sanitarios públicos o privados que puedan prestar la asistencia que se necesita.  Por los servicios en estos tres hospitales ha aceptado pagar unos 60 millones de euros en este período.

La situación es diferente en el hospital de San Rafael de Cádiz, el Blanca Paloma de Hueva y el FAC Dr Pascual de Málaga, donde el SAS ya no admite ninguna factura desde el 1 de noviembre de 2015. Niega, por tanto, que se puedan pagar estancias médicas o derivaciones de consultas externas. Sí matiza la atención en operaciones quirúrgicas. A 31 de octubre de 2015 existían un total de 2.507 pacientes pendientes de intervención, derivados de áreas hospitalarias del SAS. De ellos, 1.461 corresponden a pacientes derivados antes del 1 agosto del año pasado, cuya atención, según el SAS, sí ha sido pagada con dinero público. Pero los 1.046 restantes, al haber vencido el concierto a partir del uno de noviembre, regresaron al registro de hospitales del SAS. De esta manera, el sistema público andaluz se niega a pagar las facturas por 4.096 intervenciones que presenta Pascual. "La empresa pretende una prueba de fe por parte de esta administración y es que sin ninguna documentación plausible admita la realidad de 4.096 intervenciones".

La contundencia del escrito del SAS ya ha sido contestada en otro documento, enviado el martes 8 de noviembre, por la dirección de Pascual, que lamenta la postura mantenida por la Junta. La dirección de la empresa privada defiende que ha justificado todas sus facturas suministrando la información adecuada en el sistema de información de soporte electrónico del SAS.

Pascual dice que atendió a todos estos pacientes de esta forma "para optimizar la eficiencia y calidad" y que la Delegación de Salud de la Junta en Cádiz contaba con información mensual sobre la facturación de los servicios que se estaban prestando. También recuerda que el concierto sanitario, aunque venciera el 1 de noviembre del año pasado, obligaba a atender a todos los pacientes derivados hasta el 31 de octubre. Eso impedía interrumpir las atenciones en días posteriores, sobre todo, porque el concierto de la última anualidad superó, según Pascual, en un 36 % la actividad inicialmente contratada. Y también, como último argumento, recuerda la empresa que si Pascual no hubiese prestado estos servicios "como consultas o pruebas diagnósticas, habría habido menoscabo en el correcto tratamiento de los pacientes".

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Pascual advierte en su escrito de que si la Consejería de Salud avala la postura del SAS de no abonar estas facturas tendrá que "reclamar el reintegro de estas cantidades directamente a los asegurados, tal y como actúa cualquier hospital de titularidad pública cuando tras atender a un asegurado de una compañía privada, la aseguradora se niega a admitir la correspondiente factura". E incluye como ejemplo la noticia de una familia de Granada a la que Salud reclamó 33.000 euros por una asistencia por leucemia de un paciente al que su aseguradora, Asisa, se negó a pagar la factura del hospital.