Las defensas pedirán diligencias y pruebas tras levantarse secreto
Los abobados estudiarán si existen "evidencias" de delito penal o si hay cuestiones urbanísticas de índole solo administrativo
Los fotógrafos enfocan el coche ocupado por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), trasladado al Ayuntamiento desde su vivienda, donde asistió en calidad de detenido a un registro policial / MIGUEL ANGEL MOLINA (EFE)
Granada
Las defensas de algunos de los investigados en la supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, conocido como caso Nazarí y que motivó la dimisión del exalcalde José Torres Hurtado (PP), pedirán diligencias y aportarán documentación tras levantase el secreto de sumario.
Lo harán después de que la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, haya acordado en un auto fechado hoy levantar el secreto de sumario de una investigación que se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y que trascendió el pasado 13 de abril cuando fue detenido el entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado.
La juez instructora de la causa ha apuntado en un auto que no se aprecia la posibilidad de que pudiera haber "interferencia alguna o riesgo para la investigación y averiguación de la verdad" en el levantamiento del secreto de las actuaciones, que se acordó el 22 de enero de este año y se ha ido prorrogando mensualmente.
El letrado Ernesto Osuna, que representa a la que era concejal de Urbanismo con Torres Hurtado, Isabel Nieto, y a otros funcionarios del Ayuntamiento de Granada, ha explicado a Efe que deberán estudiar toda la documentación de la causa, aunque prevé pedir nuevas diligencias que podrían o no ser admitidas, y presentar documentación para ejercer las tareas de defensa.
Osuna ha considerado que el levantamiento del secreto de sumario permitirá conocer si existen "evidencias" de un delito penal en la causa o si la instrucción se ha centrado en cuestiones urbanísticas que podrían haberse derivado a la vía Contencioso Administrativa.
El abogado Cesar Fernández Bustos, que representa al empresario investigado Roberto García Arrabal, ha considerado que el auto de este lunes permitirá a los 16 investigados conocer de qué delitos les acusan y ha destacado su convencimiento de que se investigan cuestiones "puramente administrativas".
El acceso a las diligencias efectuadas hasta el momento y a la documentación del juzgado instructor, cuantiosa y que podría superar los 20 gigas de almacenamiento, permitirá a las partes solicitar nuevas pruebas, testificales o aportar documentación y conocer los detalles del informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.
El también abogado de la defensa Antonio Illana ha explicado que estudiarán el grueso de la documentación para solicitar diligencias, aunque ha interpretado que la jueza instructora espera el informe de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio porque se trata de una causa de carácter administrativo y no penal.
La juez levanta el secreto de sumario al no apreciar riesgo a la investigación y después de que la Policía Nacional y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio precisaran en octubre que requerirán de un plazo no inferior al medio año para analizar la documentación.
La consejería ha recibido de la UNEF trece cajas con documentación para su peritaje y examinará entre 15.000 y 18.000 folios agrupados en ocho grandes asuntos.
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada investiga en esta causa una decena de delitos entre los que figuran cohecho, fraude, asociación ilícita, estafa, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, contra la ordenación del territorio o falsedad.
