El Govern urge a Madrid a resolver los temas pendientes con Baleares
La condonación de la deuda, la tarifa plana aérea y la financiación de la ley de Dependencia, entre los asuntos prioritarios a resolver
Cadena SER
Palma de Mallorca
El Govern quiere comenzar a trabajar inmediatamente con Madrid, una vez que ya se ha constituido el nuevo Gobierno, para avanzar sobre los asuntos prioritarios para Baleares. Así lo ha hecho saber por escrito la presidenta Francina Armengol a Mariano Rajoy, tan pronto como el jefe del Ejecutivo ha dado a conocer la composición de su gabinete. Y así lo solicitarán también, a partir de la próxima semana, los diferentes responsables de las consellerias. Una parte importante de los asuntos pendientes pasan por la cartera de Hacienda, por lo que el interlocutor volverá a ser Cristóbal Montoro. El principal objetivo dentro de esta nueva etapa que se abre, negociar una condonación de una parte de la deuda debido a la infrafinanciación histórica.
El Govern balear pide al Ministerio de Hacienda que le compense 5.500 millones de euros por la deuda histórica. Ya ha presentado formalmente -lo hizo este verano pasado- una reclamación a Hacienda en la que pide quedar exento de pagar esta deuda, contraída a través de los mecanismos de liquidez del Estado desde 2012. Las cantidades prestadas por el Estado por este concepto suponen más del 60 por ciento del total de la deuda pública de las Islas.
Por otra parte, según la Consellera de Hacienda, Catalina Cladera, Baleares no está financiada como toca, las competencias transferidas están mal dotadas, y las Islas, explica, han recibido 155 millones de euros anuales menos que la media estatal.
El problema de endeudamiento se debe a la falta de financiación de Baleares, y no a un exceso de gasto del Govern, porque según la consellera Baleares es la comunidad que menos ha gastado por habitante entre el 2012 y 2013.
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ya ha asegurado en reiteradas ocasiones que no esperará a que termine este año para trabajar con el ministro de Hacienda.
Junto a la condonación de la deuda histórica, el Govern también aspira a un nuevo Régimen Especial para Baleares que establezca medidas de compensación del sobrecoste de la insularidad.
Un sobrecoste reflejado, por ejemplo, en el transporte. La implantación de una tarifa plana de 30 euros en los vuelos entre islas es otra de las aspiraciones para esta legislatura.
Y un objetivo en situación de bloqueo, a pesar de las gestiones realizadas hasta la fecha. El proceso no ha pasado de una fase de informe, tras el compromiso adquirido tanto por el Gobierno central como por el de la Comunidad Autónoma. Los estudios realizados hasta la fecha tienen por objeto acreditar ante Europa que la tarifa plana aérea es compatible con la normativa comunitaria.
El Govern reconoce que Bruselas impone condiciones estrictas, pero aseguran que ellos han hecho su trabajo y ahora le toca el turno a Madrid. Marc Pons, conseller de Movilidad.
El Ejecutivo balear pide también la participación de la Comunidad Autónoma en la gestión de los tres aeropuertos de las Islas.
Las negociaciones con Madrid han de servir también para que se cumplan otros compromisos adquiridos por parte del Gobierno del Estado en la legislatura anterior, como el cumplimiento del convenio de carreteras.
Se reclamará, en este sentido, el cumplimiento del protocolo firmado en diciembre de 2015, hace ahora casi un año, entre la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para la recuperación de 240 millones de euros procedentes de ese convenio y para que se prorrogasen las inversiones estatutarias.
Compromisos contraídos por el Gobierno con la Comunidad Autónoma que, según recuerdan en el Ejecutivo balear, pasan también por el capítulo de Servicios Sociales.
El Govern exige el pago de 1,2 millones de euros por la gestión de las pensiones no contributivas desde el año 2011. También, derivado de la ley de Dependencia, se pide un plan de financiación conjunta con las comunidades para atender la demanda de plazas residenciales. La lista de espera para una residencia es de unas 1.500 personas. Se han dado los pasos para reducirla, mediante convenios con residencias privadas, pero el objetivo es construir nuevos centros ya desde esta legislatura.
