La fiscalía archiva el caso de los supuestos enchufes en Limasa

Málaga

La fiscalía archiva el caso de los supuestos enchufes en Limasa al considerar que no hay pruebas de que partidos, sindicatos o empresa hayan colocado a personas de su círculo sin pasar por el filtro legal de contrataciones.

Un caso abierto el pasado mes de abril a instancias del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga tras la comparecencia en la comisión de investigación de Limasa del presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, que admitió que en Limasa habían entrado trabajadores enchufados. Pero Belmonte no ratificó sus palabras cuando fue llamado por la fiscalía. Negó que existiera el sistema de cupos 80-20 por el que supuestamente la empresa se reservaba la contratación directa del 80 por ciento de las vacantes y los sindicatos el resto y que, en todo caso, nunca vio listas ni tiene pruebas documentales, dijo Belmonte a la fiscalía, de personas contratadas por imposición de partidos políticos o del Consejo de Administración. Por su parte el director de Recursos Humanos de Limasa, Luis Martín, negó irregularidad alguna.

Además, dice la fiscalía que no es competente para revisar la política de contratación de la empresa de limpieza respecto a un delito de tráfico de influencias y ello porque Limasa es una sociedad de capital mayoritariamente privado cuando ese delito se refiere a funcionarios o trabajadores públicos que pudieran influir o presionar sobre otros para obtener un beneficio para ellos o para terceros.

Aún así admite el Ministerio Público que las autoridades municipales del Ayuntamiento de Málaga podían tener cierta capacidad decisoria sobre la gestión de Limasa máxime cuando en su Consejo de Administración se sientan políticos y funcionarios municipales, la continuidad del contrato depende del consistorio y desde el equipo de gobierno se ha gestionado directamente las crisis laborales que se han vivido en esta empresa.

Pero no hay pruebas. La fiscalía se centra en la investigación de las contrataciones de los últimos cinco años, periodo en el que el delito no estaría prescrito. Limasa cuenta en la actualidad con 1437 trabajadores, el 20 por ciento de ellos entró en la empresa a partir de 2010. Cien de ellos a través de los puestos heredados que recoge el convenio, otro centenar por la reconversión de temporales en indefinidos a petición de la Inspección de Trabajo y todo bajo la supervisión de empresa y sindicatos sin que haya constancia de que en Limasa haya entrado trabajador alguno por enchufe.

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