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Empresarios denuncian al Ayuntamiento por la publicidad en marquesinas y mupis

La Asociación Provincial de Empresarios de Publicidad Exterior presenta un recurso contencioso administrativo para pedir la suspensión de la actividad cuyo contrato terminó en septiembre de 2015. El Ayuntamiento anuncia la licitación "en breve" del contrato

María Cáceres

Alicante

La Asociación Provincial de Empresarios de Publicidad Exterior de Alicante lleva a los juzgados al Ayuntamiento de Alicante por entender que la actividad de publicidad en las marquesinas y mupis de la ciudad se presta de manera "ilegal".

Ha presentado un recurso al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la suspensión de una actividad cuyo contrato finalizó en agosto del año pasado, además de exigir la convocatoria del concurso.

Según argumentan los empresarios "la ausencia de convocatoria en este tiempo ha provocado unas pérdidas para las arcas municipales cercanas a los dos millones de euros". Le piden al juez que ordene al Ayuntamiento de Alicante notificar la suspensión a la empresa que está llevando a cabo la actividad.

Mientras, desde el Ayuntamiento, concretamente desde la concejalía de Tráfico y Movilidad, de quien depende el servicio, aseguran que "en breve" saldrá a licitación. El concejal Fernando Marcos, mantiene que "la empresa está pagando el canon establecido en el anterior contrato".

En su recurso al juzgado, al que ha tenido acceso Radio Alicante, la Asociación Provincial de Empresarios de Publicidad Exterior explica que el pasado mes de febrero presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando "la convocatoria urgente del concurso" y que, tras el tiempo transcurrido, el 14 de octubre interpuso dicho recurso. Le pide al juez que adopte la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la actividad de publicidad, cuyo plazo de vigencia concluyó en agosto de 2015.

Añade que con la "inactividad municipal de convocar un concurso en forma se impide a las empresas de publicidad optar a este servicio público, lo que supone una arbitrariedad administrativa y un abuso de poder, al margen de la falta de transparencia que impide, dicen, la normal competencia".

La última convocatoria de este servicio fue en agosto de 2014, entonces con el concejal popular Juan Seva al frente del área, por un plazo de un año y un canon anual de 103.000 euros. La adjudicataria fue JC Decaux. Esta empresa también fue la adjudicataria del contrato en el año 2002, por 12 años, si bien con un canon por explotación de un millón de euros cada año. Una vez concluido, renunció a las posibles prórrogas de dos años. En ese momento, año 2014, el servicio también estuvo siete meses sin contrato y se adjudicó en agosto de ese año con una quita del 90 por ciento. Esto es, 95 euros por metro cuadrado pasando de un millón de euros anual a los 103.000 euros.

"Vamos tarde"

Desde septiembre de 2015, ya con el nuevo gobierno municipal, el servicio se presta fuera de contrato.

El Ayuntamiento ya ha recibido la notificación del juzgado pidiendo toda la documentación y Fernando Marcos, edil de Tráfico y Movilidad, asegura que el nuevo pliego ya está en Contratación para su próxima licitación. Mantiene que se trata de un contrato que debería haberse renovado antes de la llegada del nuevo equipo de Gobierno y que, "desde el primer momento se estudió cómo sacar el máximo beneficio, e incluso se vio la posibilidad de incluir el servicio de bicicletas de alquiler dentro del mismo, cuestión, dice Marcos, que se descartó".

Explica que el pliego se redactó con las condiciones que marcaban los técnicos, y desde Contratación pidieron informes económicos. Una vez subsanados todas las cuestiones, el día 26 de octubre el pliego se ha remitido de manera definitiva a Contratación.

"Vamos tarde", no nos gusta, pero hemos buscado el mayor beneficio para la ciudad, remarca el concejal. El servicio saldrá a licitación por seis años, y la posibilidad de dos años de prórroga.

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Fernando Marcos: 'Se está pagando el canon'

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