Fracasa el intento de la acusación popular de enfangar la sentencia de Rita Maestre
La Audiencia Provincial rechaza la recusación que planteó la asociación ultra para apartar al que será ponente de la sentencia que resuelva los recursos interpuestos contra la multa
Madrid
El intento de la acusación popular que llevó al banquillo a Rita Maestre de apartar a uno de los jueces del proceso ha hecho aguas en la Audiencia Provincial de Madrid. La sección 30ª de este organismo ha desestimado la recusación planteada por el denominado 'Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro' contra uno de los tres jueces que decidirán sobre los recursos interpuestos contra la multa impuesta a la portavoz municipal.
Los magistrados desestiman los dos argumentos que esgrimió la asociación que ejerció la acusación popular contra el magistrado David Cubero: le acusaban en primer lugar de formar parte de la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios - a la que el Ayuntamiento del que Maestre ejerce ahora la portavocía ha cedido diversos locales en los últimos años - y también de ser profesor adjunto en un departamento de la Universidad Carlos III de Getafe en el que trabaja un abogado amigo del letrado de Rita Maestre.
Tanto la Fiscalía como el propio magistrado se opusieron a estos argumentos, y ahora es la Audiencia Provincial la que entierra el conflicto en una resolución contra la que no cabe recurso: destaca que "el magistrado carecería de competencias que guarden relación con la obtención de patrocinios o convenios" con el Ayuntamiento de Madrid, y también esta cesión de locales en el Matadero de la capital para celebrar la Semana de la Magia "continuará con independencia de la decisión que adopte el magistrado" en relación con la multa impuesta a Rita Maestre.
Archivado el incidente de recusación, vía libre para que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre el recurso que Rita Maestre interpuso contra la multa de 4.320 euros que le fue impuesta por participar en una protesta en la capilla de la Universidad Complutense en marzo de 2011. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares - la asociación recusante y un partido político ultraderechista - han pedido que la sanción sea confirmada.