Carmena obliga a Cifuentes a emitir su postura por la venta de vivienda social de la EMVS
El Ayuntamiento pedirá a la Comunidad la “nulidad radical” del proceso que permitió la enajenación de 1.860 pisos a fondos buitre en tiempos de Botella
GRA115. MADRID, 06-09-2016.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (d), durante la ceremonia de apertura del Año Judicial que preside el rey Felipe VI, esta mañana en la sede del Tribuna / Angel Díaz (EFE)
Madrid
El Gobierno de Carmena confirma las medidas judiciales que va a llevar a cabo por la venta de pisos sociales a fondos buitre durante el mandato de Ana Botella (PP). Y lo primero que va hacer el Ayuntamiento, tras los informes de la Cámara de Cuentas y de un bufete de abogados (Alemany, Escalona & De Fuentes), es pedir a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad la “nulidad radical” de aquella operación.
A partir de ahí se iniciaría un largo y costoso proceso judicial para dejar sin efecto la contratación. "Está en sus manos que se pueda seguir adelante", precisaba en rueda de prensa Marta Higueras, presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
En caso de que la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad decretara la ‘nulidad radical’ esto afectaría a la preparación de la venta de las viviendas y a la adjudicación de las mismas. En ese momento, el Ayuntamiento iniciaría un proceso judicial para que los tribunales declararán nula la contratación y la resolución por la que se vendieron las 18 promociones de vivienda social protegida.
Si el Gobierno de Cifuentes les dijera que no, aún les quedaría otra opción: la "anulabilidad" del procedimiento para la que el Gobierno regional debe contestar antes de junio de 2017.
El Ayuntamiento también confía en que el Tribunal de Cuentas se decida a iniciar un proceso por responsabilidad contable tras el duro informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas, donde se detallaban numerosas irregularidades.
Proceso penal
Higueras también ha comunicado que el Ayuntamiento se sumará a la solicitud de reapertura de la querella tramitada por los afectados de esta venta contra Fermín Oslé, gerente de la EMVS en la anterior Corporación, como responsable de la venta de viviendas sociales a fondos de inversión. El Consistorio espera que tras la presentación de la querella debidamente documentada el juez pueda sumar posibles responsables de este hecho. En caso de que no se tramite la reapertura, el Ayuntamiento de Madrid pondrá las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía.
Llegado el caso, el Gobierno municipal solicitaría la responsabilidad contable de todos los cargos que participaron en aquel proceso, incluida la Junta de Gobierno, y no sólo la del consejero delegado. Si el Tribunal de Cuentas decretara que hubo alcance contable, el Ayuntamiento pediría que se resarza ese daño y que se embarguen los bienes de las personas imputadas.
Regulación americana contra sobornos
El Consistorio madrileño tampoco descarta acudir a la regulación norteamericana contra los sobornos, y presentar una denuncia contra los fondos Magic Real State y Blackstone, gestionados por Fidere, ya que Ley también persigue la corrupción de sus empresas fuera de Estados Unidos. Esta acción se podría instar por la vía penal o la administrativa, algo que en este momento se está estudiando
Informe de la Cámara de Cuentas
El informe de la Cámara de Cuentas de Madrid concluye que la venta se llevó a cabo “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar” siendo Fidere el que fijó el precio de la venta y que fue aceptado por la EMVS.
Según el informe, la venta se realizó por un precio de 128.500.000 euros, una cifra “inferior al valor contable de aquéllas que es de 159.375.025 euros”. Además, no se aplicó la normativa del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, sino que la venta se rigió por al artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
El informe deja claro que la gestión y la administración que se realizó de los inmuebles no fue ajustada a los intereses de la empresa municipal “por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al del Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e interesas sociales la EMVS se aparta al enajenar estas viviendas a entidades jurídicas”.
