Apela a la oposición al Tratado de Libre Comercio para proteger los valores sociales

León

El clásico curso Derechos Humanos de la ULE focaliza su atención exclusivamente en esta negociación que parece se ralentiza porque Europa, o algunos países de este Continente no se muestran partidarios de aceptar el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), al menos de momento. Entre el 23 y el 25 de septiembre pasan por San Andrés del Rabanedo relevantes conocedores de la economía, la sociología, la política, o los derechos humanos, para difundir las consecuencias ya experimentadas en países en los que se han eliminado las reglas del intercambio con ánimo de lucro. Algún ejemplo: Arcadi Oliveres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona; o Susan Georges, doctora en Ciencias Políticas en el École des Hautes Études en Sciences Sociales, Université de Paris.

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El secretismo que rodea el contenido del TTIP, no predispone a pensar en sus bondades. Quienes aseguran haber accedido al documento, señalan que aspira a establecer relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos basadas en una ausencia de normas que provocaría la disminución de controles de calidad alimentaria, o la sustitución de la justicia por comités de arbitraje integrados por representantes empresariales. Las restricciones para consultar el tratado de influjo mundial, poco entendibles en democracia, han llevado a una legión de declaraciones que suman prácticamente la aclamación en contra de tal plan. Los defensores nítidos del TTIP, más allá del presidente de Estados Unidos o propietarios de colosales empresas, no se manifiestan.

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Los más pesimistas (o realistas), advierten de una pérdida de derechos sin precedentes si el TTIP entra en vigor. Y esta observación se analiza en el marco del curso denominado de Derechos Humanos, precisamente una proclama aún muy lejana en el cumplimiento de sus objetivos. Conviene recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento de 30 artículos que inciden en los derechos más elementales de la persona. Los dirigentes de 195 países la firmaron en 1948 y 68 años después -toda la una vida-, aún no se cumplen.