Francisco Linares: "No se derribarán los comercios de El Trompo"

Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras conocerse la sentencia por la que se ordena el derribo de un total de 2.137 metros cuadrados del centro comercial El Trompo. Ante las numerosas llamadas recibidas en el consistorio procedente del medio centenar de empresas radicadas en el centro comercial, Linares ha sido claro: “Queremos tranquilizar a los ciudadanos porque estamos recibiendo muchas llamadas de gente y empleados preocupados. En primer lugar, la sentencia no es firme y cuando la haya, no se va a tirar el centro comercial sino una pequeña parte que equivale a uno o dos locales pero que no afectará a las empresas", indicó el alcalde a la SER.

La preocupación es latente en las más de mil personas que trabajan en el centro comercial. En las instalaciones están radicadas empresas de todo tipo, la mayor parte de ellas franquicias especializadas en comercio textil y locales de restauración. En este sentido, la sentencia dictada por el Juzgado Número 5 de Santa Cruz de Tenerife no especifica cuál será la zona que se debe derribar sino que se especifica que las zonas que deban ser derribadas sean determinadas tras un estudio pericial que "indique la mejor forma para llevar a cabo el derribo respetando, en lo máximo posible, a los titulares de los establecimientos comerciales". En este punto, el juez advierte de que los tres condenados deberán hacerse cargo de las correspondientes indemnizaciones "en el caso de que la demolición perjudique a terceros".

Recurso

En la sentencia, contra la que cabe recurso, se considera probado que los acusados conocían que el edificio se construía en suelo rústico potencialmente productivo en el Plan General vigente. En el caso de Ambrosio Jiménez, el juez indica que el constructor "era conocedor de que El Trompo se llevaba a cabo sobre suelo rústico y sobre zonas verdes, esto es, sobre terreno en el que no se podía llevar a cabo una edificación de esa naturaleza. Pese a ello, y pese a conocer que conforme al Plan General de Ordenación Urbana vigente nunca se podría autorizar allí una construcción de esas características, decidió llevarlas a cabo". De la misma forma, en la sentencia se considera probado que tanto Valencia como Martí conocían que las obras eran ilegales. En el caso del exalcalde se indica que tuvo conocimiento del contenido del expediente administrativo sobre las obras del edificio, "de la falta de los trámites esenciales de las mismas, y aun así, decidió firmar el Decreto de legalización de unas obras claramente ilegales. Con su firma, permitió la construcción sobre un terreno en el que no se podía construir".