Madrid y Alcorcón se enfrentan ante una jueza por el protocolo anticontaminación
El Ayuntamiento de la capital entrega el expediente de aprobación de las medidas a un juzgado contencioso administrativo después de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Alcorcón
Sergio Barrenechea (EFE)
Madrid
La batalla entre los ayuntamientos de Madrid y Alcorcón a cuenta de las medidas anticontaminación de Manuela Carmena avanzan en los tribunales: el consistorio de la capital ha remitido al juzgado de lo contencioso-administrativo número 19 el expediente completo del protocolo aprobado el pasado mes de enero después de que haya decidido estudiar la denuncia que anunció el alcalde de Alcorcón, el 'popular' David Pérez.
Según un anuncio del área de Medio Ambiente y Movilidad del pasado 16 de agosto, el consistorio explica que ha remitido el expediente administrativo de esta aprobación tras una petición del juzgado contencioso-administrativo número 19 tras el recurso interpuesto por el Ayuntamiento dirigido por Pérez. El propio regidor lo había anunciado a través de su perfil en Twitter:
El pasado mes de febrero entró en vigor el conocido como "protocolo anticontaminación" de la ciudad de Madrid, que escalonaba la aplicación de distintas medidas en función del grado de contaminación y contemplando desde las restricciones de tráfico hasta las de velocidad de circulación.
Una "campaña absurda" contra Carmena
Un recurso anunciado por Pérez pero interpuesto a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alcorcón, una utilización de medios públicos que la oposición municipal criticó con dureza en su momento. El pasado mes de abril, la portavoz del PSOE en la localidad, Natalia de Andrés, definió como "bochonosa" y "campaña absurda" la acción judicial del regidor, criticando que dedicase "el dinero de todos a temas absurdos como denunciar al Ayuntamiento de Madrid por implantar medidas contra la contaminación".
(ARCHIVO) Natalia de Andrés (PSOE) define como 'bochornoso' el recurso
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Desde el departamento que dirige Inés Sabanés recuerdan su plena disposición a colaborar con cualquier organismo judicial que estudie este protocolo, y también defienden su "necesidad" y su "plena legalidad", recordando que un informe de los servicios jurídicos del consistorio defiende que el protocolo cuenta con cobertura legal tanto por parte de la Ley de Calidad del Aire como de la Ley de Tráfico así como diversas ordenanzas municipales de Protección de Medio Ambiente Urbano y de Movilidad.
Segundo recurso
No es el primer frente judicial abierto contra este protocolo, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 21 d enero por la Junta de Gobierno: el Tribunal Superior de Justicia de la región también estudia el recurso que una asesoría jurídica privada interpuso contra uno de sus artículos, el que regulaba la imposición de multas para los que incumpliesen las normas restrictivas durante la aplicación del protocolo en escenarios de alta contaminación.
