El Ayuntamiento revisará los contratos con las empresas que pagaban ‘mordidas’

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido no esperar y ante las dudas que generan algunos contratos que tiene con empresas que podrían haber pagado en su día comisiones ilegales, anuncia que revisarán todas estas licitaciones y las que estén en marcha y se remitirá a los técnicos del consistorio para que las supervisen. Consol Castillo es alcaldesa en funciones.

Se trata de empresas que para llevarse determinados contratos del Consostoerio pagaban sustanciosas comisiones que iban a parar a los bolsillos de los miembros de la trama. El juez instructor llega a hablar de "enriquecimiento personal" de los mismos. Entre ellos, el conseguidor Marcos Benavent y la exconcejal de cultura Maria José Alcón.

Sus abogados lamentan que una vez más se hayan enterado por la prensa de los detalles del auto del juez en el que se levanta parcialmente el secreto de sumario del caso Taula. Una decisión que se tomó el pasado viernes, a las puertas de un puente. El letrado de Marcos Benavent, Ramiro Blasco, asegura que sí ha sido notificado del levantamiento del auto, pero no quiere hacer ninguna valoración hasta que no conozca todos los detalles del documento.

Por su parte, el abogado de la exconcejal Alcón, Pablo Delgado, se ha mostrado más contrariado. Asegura que se han puesto en contacto con el tribunal para saber por qué no ha recibido todavía ninguna notificación y ha lamentado que se haya convertido en normal enterarse de todas las novedades judiciales a través de los medios de comunicación. Una práctica, a su juicio, que no es normal, ni legal, pero que se ha convertido en habitual, y que tienen que padecer estoicamente.

Por su parte, el empresario José Adolfo Vedri, investigado por prevaricación y cohecho por la adjudicación del contrato del centro cultural La Rambleta, ha insistido en su inocencia y ha pedido comparecer ante el juez para defenderse "de los infundios" vertidos contra él.

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Vedri recurrirá el auto en el que da lugar a la apertura de una pieza separada del caso Imelsa relativa al presunto cobro ilegal de comisiones por obras promovidas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento en la etapa de la exconcejal María José Alcón, y en el que junto a él hay investigadas otras once personas.