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Denunciados 13 ayuntamientos por vertidos ilegales

Ecologistas en Acción reconoce que no son los responsables y les anima a que denuncien a la Junta de Andalucía por no haber construido las depuradoras con las que se comprometió en Granada hace una decada

Imagen de archivo de una depuradora de aguas residuales / Junta de Andalucía

Granada

Ecologistas en Acción denuncia a 13 municipios del Área Metropolitana de Granada ante la Confederación del Guadalquivir por vertidos de aguas sin depurar. A la vez anima a esos ayuntamientos a que denuncien a la Junta de Andalucía por no haber construido las depuradoras que anunció hace ahora 10 años.

Se trata de los ayuntamientos de Güevéjar, La Zubia, Churriana de la Vega, Colomera, Peligros, Jun, Cúllar Vega, Ogíjares, Víznar, Cijuela, Fuente Vaqueros, Vegas del Genil y Atarfe. Se encuentran en una grave encrucijada puesto que son responsables de los vertidos pero no pueden hacer nada puesto que no tienen alternativa.

El incumplimiento de la ejecución de las obras de depuración de aguas que debería haber afrontado la Junta estos años atrás, ha dejado a estos ayuntamientos en una situación de indefensión jurídica y abocados a sanciones administrativas y, probablemente, penales por delito ecológico.

Y es que ya han caducado los permisos de vertido de aguas que concede la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por lo que el actual limbo jurídico podría terminar incluso en sanciones para los ayuntamientos. El acuerdo para la construcción de las depuradoras se firmó hace 10 años. Desde entonces, nada se ha hecho, según recuerda a Radio Granada el portavoz de Ecologistas en Acción Javier Egea.

Ecologistas en Acción denuncia a 13 ayuntamientos de Granada por vertidos ilegales

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Hace unos meses la Consejería de Medio Ambiente de la Junta firmó un acuerdo con la Diputación para la construcción de depuradoras pero aún no se ha iniciado el procedimiento.

El retraso en la depuración de aguas es grave y podría sentar en el banquillo a numerosos alcaldes por delito ecológico. Ecologistas en Acción reconoce que los ayuntamientos tienen las manos atadas. El problema es de difícil solución.

 
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