Archivada la querella contra Cifuentes por las cargas de las 'Marchas de la Dignidad'
El juez sigue el criterio de la Fiscalía y dicta la inadmisión de la querella por entender que no hubo delito en la gestión del dispositivo de seguridad del 22 de marzo de 2014 en Madrid
Madrid
El juzgado de instrucción nº 15 de Madrid ha decidido inadmitir a trámite la querella que varios colectivos interpusieron contra los responsables del dispositivo de seguridad de las denominadas 'Marchas de la Dignidad' de 2014. Una querella que, entre otros, se dirigía contra Cristina Cifuentes - entonces Delegada del Gobierno - o los directores generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Ignacio Cosidó e Ignacio Fernández de Mesa.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, en un auto al que ha tenido acceso Radio Madrid, el magistrado asegura que "a nuestro juicio, no existen indicios de ninguno de los delitos que se imputan a los querellados, coincidiendo plenamente" con los criterios del Ministerio Público. Asegura que "es evidente que la actuación de los cuerpos policiales es consecuencia inmediata de los disturbios, pues hasta entonces no había intervenido, respetando el legítimo derecho de los ciudadanos a manifestarse", añadiendo que las cargas se ajustaron a la normativa.
En cuanto a los responsables del operativo, asegura que no pudieron cometer un delito de prevaricación ya que "esa actuación en el marco de una manifestación de miles de personas en la que se producen alteraciones del orden público no puede tildarse de resolución arbitraria".
Varios colectivos llevaron a Cifuentes y al resto de responsables del operativo ante la Justicia por entender que pudieron cometer, entre otros, delitos de prevaricación durante las 'Marchas de la Dignidad', que se saldaron con más de veinte detenidos y sesenta heridos. Los denunciantes, que recurrirán el archivo, criticaban por ejemplo los registros policiales practicados en los autobuses de manifestantes que llegaban a la capital como también las cargas policiales que tuvieron lugar principalmente en los alrededores de la Plaza de Colón.
Es un paso que da el juez después de que la Fiscalía hubiese solicitado el archivo y también después de haber pedido a la Asamblea de Madrid que confirmase la condición de aforada de Cristina Cifuentes para remitir la causa al Tribunal Supremo en caso de apreciar indicios de delito.