El fiscal rebaja 3 años la pena para Ortiz al devolver 8,8 millones a Hacienda
El Ministerio Público aplica la atenuante de reparación del daño también para el resto de acusados por fraude fiscal a través de la simulación de alquiler de terrenos
Enrique Ortiz a su llegada a los juzgados de Benalúa el primer día del juicio / Elena Escudero
Alicante
El fiscal ha rebajado finalmente en tres años las penas que solicitaba en principio para el constructor Enrique Ortiz y cuatro empresarios más por un presunto fraude fiscal de más de 6 millones de euros a Hacienda. En la última sesión de una vista oral que se ha alargado toda la semana, el Ministerio Fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales para elevarlas a definitivas con la aplicación de la atenuante de reparación del daño.
Así, de los cuatro años y medio de cárcel que solicitaba por los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil ha pasado a un año y cuatro meses ya que Ortiz ha abonado los 8,8 millones de euros que le reclamaba la Agencia Estatal Tributaria.
Junto a Ortiz, investigado en otros procesos como Brugal o Gürtel, están acusados el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Vicente Pérez, Miguel Ballestar y Miguel Carratalá. Para Aurelio González Villarejo se ha sobreseído la causa por enfermedad.
El ministerio público entiende que se ha reparado el daño ya que Ortiz y Carratalá han abonado el dinero que reclamaba Hacienda. Asimismo, según ha explicado en la exposición de sus conclusiones, al ser solidaria da igual quién haya efectuado el pago, pues afecta a todos los acusados.
Los hechos
La actuación juzgada se remonta a 2005 cuando, según la Fiscalía, todos los acusados se pusieron "de acuerdo" para obtener "un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública mediante la defraudación en los tributos que debían satisfacer a través de la simulación del alquiler de unos terrenos de Hansa Urbana en la playa de San Juan" .
Hansa alquiló en octubre de ese año una decena de terrenos rústicos con una superficie aproximada de 300.000 metros cuadrados en la zona de la playa de San Juan a Construcciones Villarejo y a Obras Asfálticas (Grupo Cívica, perteneciente a Ortiz) por un importe total de 3 millones de euros, que pagaron por adelantado para un plazo de 5 años.
La Fiscalía entiende que aunque se abonó la mensualidad, los solares "nunca fueron usados ni utilizados para cualquier finalidad" y sí que hubo un "anticipo de una posterior operación mercantil de compra-venta de esos terrenos", a empresas del mismo grupo sólo seis meses después, ese contrato de alquiler permitió a las empresas aplicarse una Deducción por Reversión de Beneficios Extraordinarios en el Impuesto de sobre Sociedades al pasar de contabilizarlas como existencias a inmovilizado.
De este modo, la Fiscalía ha sostenido que las fincas debían ser clasificadas como existentes y no como inmovilizado, ya que su intención era "vender" transcurrirán más o menos tiempo desde su adquisición; que los contratos eran "falsos o simulados", ya que su objeto era "servir de amparo documental" a la inspección, que los terrenos no se utilizaron mientras estuvieron arrendados y que no se reclamó el dinero abonado "por adelantado" a Hansa por parte de los arrendatarios.
El fiscal también planteó de forma alternativa que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de estafa por simulación de contrato en vez de fraude fiscal, puesto que para ello basta el conocimiento para la apariencia de perjuicio a terceros. En este caso, pidió la pena de nueve meses de prisión.
