Rodríguez llamaba a los agentes del GAP investigados para encargar actuaciones
Así se desprende de los testimonios que figuran en el sumario del caso de la Policía Local
PP Balears
Palma de Mallorca
El presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, llamaba directamente a los policías del GAP implicados en la trama de corrupción para ordenarles actuaciones fuera de su radio de acción en Palma. Una iniciativa de Rodríguez como delegado del Gobierno que "generó problemas" en la Jefatura de la Policía Local de la capital.
Así se desprende de los relatos de algunos agentes que declararon bajo secreto en el caso que investiga la presunta corrupción de la Policía Local de Palma, a cuyo sumario ha tenido acceso la SER. El juez levantó ayer parcialmente el secreto de las actuaciones, en las que figuran decenas de testimonios de implicados y testigos, así como transcripciones de decenas de pinchazos telefónicos, informes de Hacienda y de la Guardia Civil.
Uno de los testigos explicó ante los fiscales y el juez que el GAP se dividía en cuatro grupos, dos de los cuales "eran afines al PP". Era el grupo número dos del GAP el que "alardeaba de sus contactos políticos", diciendo que estaban protegidos por ellos porque "pertenecían al mismo partido".
Ese grupo del GAP iba por libre y era el mismo José María Rodríguez el que se encargaba de llamar para pedir actuaciones en determinados lugares, como el control por ejemplo, "de la venta ambulante en la Lonja de Palma". De hecho, uno de los testigos relata que en un acto oficial en la Plaza de España, Rodríguez se dirigió a uno de los cabecillas, el agente Daniel Montesinos, "dándole un abrazo como si fueran amigos íntimos".
Y es que según el relato de este testigo, no era tarea del entonces delegado del Gobierno el llamar directamente a los agentes, algo que "generó un problema" en la Jefatura de Palma. Los policías del grupo dos del GAP se sentían tan respaldados, que en un momento llegaron a decir, literalmente "mientras que esté el enano en Cort, a nosotros no nos van a tocar" en clara referencia al entonces concejal Álvaro Gijón.
Pero según los testigos, no era Rodríguez el único político que se valía de su situación para ordenar actuaciones a la Policía Local. Uno de los testigos que declara en la causa indica que uno de los cabecillas de la trama, el agente Biel Torres, les mandaba de forma sistemática a realizar inspecciones a un local de la calle Industria por orden del entonces concejal del PP, Carlos Veramendi.
El testigo relata que según contaba el agente implicado, Veramendi llamaba al policía y le instaba a acudir de forma reiterada al local cada fin de semana. Sin embargo, el testigo dice que en muchas ocasiones de las que acudían al establecimiento, comprobaban que lo que denunciaba Veramendi y la realidad" no coincidían porque el ruido no excedía de lo permitido y la música estaba dentro de los límites". En una ocasión acudieron por una denuncia de ruido en la terraza y comprobaron que ni siquiera estaba puesta.
Favores sexuales
El sumario cuenta con miles de folios, en los que decenas de testigos relatan las prácticas presuntamente corruptas llevadas a cabo por los agentes de la Patrulla Verde y el GAP. Uno de los testigos, agente de la Patrulla Verde, explica que algunos de sus compañeros archivaban denuncias o no formulaban actas de infracción "a cambio de favores sexuales".
Se dio el caso, según relata, de una camarera que le formuló una propuesta sexual a cambio de archivar la infracción. Le dijo que "eso ya lo había hecho con otros agentes de la Patrulla Verde" para solucionar el problema. En otra ocasión, un agente formuló recurso a una infracción a cambio de un favor sexual.
Otro de los testigos, camarero de un local del Arenal, explica que dos de los policías investigados le ofrecieron 25 euros por ir a comprar droga para pillar in fraganti al traficante que la vendía. Si no lo hacía, le dijeron que tendría problemas y le acusarían de traficar con drogas y no ayudar a la Policía.
El sumario incluye la transcripción de cientos de conversaciones telefónicas entre los implicados y numerosos informes de la Guardia Civil, que analizan las actuaciones llevadas a cabo algunas unidades del GAP y de la Patrulla Verde en los últimos años.
Precisamente, según parte de la documentación que figura en el sumario, la Patrulla Verde no realizaba inspecciones en determinados clubes de alterne, mientras que otros muy concretos aglutinaban todos los registros en ese mismo periodo. Precisamente, los locales a los que no se registraba están relacionados con tres agentes de la Policía Local que en los pinchazos telefónicos hablan sobre su participación en estos negocios, una vinculación que ha quedado constatada según se desprende de los escritos del fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.
Y es que el representante de anticorrupción acusa a uno de los principales cabecillas de mantener relaciones "con diferentes clubes de alterne de Palma y la Playa de Palma, suministrando servicios de limpieza y contratando pólizas de seguros".
Considera también que este agente tiene relación con las personas que han intervenido en amenazas y extorsiones a propietarios de otros clubes de alterne.
