Los ecologistas reclaman a Madrid una ley de Bases de fiscalidad medioambiental
La propuesta forma parte de las aspiraciones que el GOB mantiene para la próxima legislatura
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Palma de Mallorca
Los ecologistas de Baleares reclaman al Gobierno central que regule una ley de Bases de Fiscalidad Ecológica para integrar todas las políticas que las distintas comunidades autónomas han implementado en los últimos años en esta materia. La propuesta forma parte de las aspiraciones que el GOB mantiene para la próxima legislatura, tras los comicios del domingo, y que la organización incorporó a un texto que ya presentó en los comicios anteriores. Dicen que esas reivindicaciones, tras esta legislatura fallida, son totalmente vigentes. El GOB también apuesta por introducir figuras de presión fiscal para desincentivar el alquiler turístico de pisos en Baleares.
Según la portavoz del GOB, Margalida Ramis, el alquiler turístico de viviendas se ha convertido en un problema de sostenibilidad social, al que se puede poner remedio mediante medidas de presión fiscal que ya son posibles para pisos vacíos. Alerta de que es necesario poner freno a esta actividad para evitar lo que ya está sucediendo en algunos puntos de las Islas, donde no hay viviendas para alquiler de larga duración.
Los ecologistas reclaman a Madrid que desarrolle una ley de Bases de Fiscalidad Ecológica, y sugieren para ello que se desplace la presión fiscal de otros tributos que ya existen hacia nuevas tasas que graven el impacto sobre recursos como el agua y la energía, o actividades como la generación de residuos. Margalida Ramis ha explicado que esta ley debe penalizar la mala gestión.
El impuesto sobre estancias turísticas que se pondrá en marcha el próximo 1 de julio es un intento de fiscalidad ecológica, aunque el GOB critica que "no es finalista en cuestiones ambientales" y que bajo el objetivo de generar recursos para el turismo sostenible puede llegar a financiar actividades que incluso aumenten la presión sobre el territorio. Los ecologistas dicen que participarán en la comisión para decidir el destino de estos fondos y anuncian que serán especialmente "beligerantes", para garantizar que los proyectos elegidos realmente contribuyen a revertir situaciones de impacto ambiental generadas por la actividad turística.