El Tribunal de cuentas reabre la instrucción sobre la desaladora de Escombreras
Cadena SER
Murcia
La desaladora sigue en el punto de mira de los tribunales murcianos pero también nacionales. La clave es saber quién y por qué obligó a la comunidad autónoma a pagar 600 millones de euros de aquí al 2030 al grupo ACS para que la desaladora funcionara, y además de manera poco eficiente. Otros posibles delitos -detectados en su investigación- ya habrían prescrito.
El tribunal de cuentas, que ya ha advertido de tres posibles irregularidades en varios informes de fiscalizacion de cuentas de la comunidad que corresponden a tiempos de Valcárcel, ha nombrado a un juez instructor para reiniciar el proceso y determinar si hay responsabilidades contables entre los gestores y administradores de la planta -políticos y técnicos- que alcancen a dinero público de la Comunidad Autónoma.
EL Tribunal ya había abierto diligencias (de oficio) tras sus propios informes y tras conseguir documentación de la intervención general de la comunidad autónoma.
Que el Tribunal de cuentas nombre a un instructor es, según fuentes jurídicas, "un paso más" pero un paso importante: Esta situación puede dar lugar -por parte del juez, pero también por parte del fiscal- a nuevas peticiones de información a Murcia y a la empresa de aguas que gestiona la planta.
También se producirán nuevas rondas de declaraciones y, en ultima instancia, este proceso podría dar lugar a un juicio, una vez terminada la investigación que ahora tendrá que hacer el juez.
Si finalmente hay delitos de alcance de caudales públicos, los condenados tendrían que devolver el dinero público que se hubiera desviado, incluso con sus bienes personales.
Ya hay un varios casos abierto en Murcia y Madrid con la desaladora en el punto de mira, a instancias de la fiscalía
En las últimas semanas la Policía Nacional y la Guardia civil han registrado las instalaciones de la desaladora de Escombreras para recabarar documentación sobre la gestión económica realizada por las empresas Tedagua, perteneciente a ACS, y Desaladora de Escombreras SA. La última inspección de la Benemérita fue una toma de muestras en las tuberías de la planta junto a biólogos adscritos a la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid.
