Investigación sin investigados en Madrid

Madrid

El grupo del Partido Popular liderado por Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid ha cumplido su promesa y no ha acudido a la comisión de investigación municipal que pretende fiscalizar la gestión de Gallardón y Botella. Sin la presencia de los populares y de la antigua plana mayor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) llamados a declarar, la primera sesión se ha convertido en una sucesión de alegatos de los grupos municipales. 

Precisamente sonada ha sido la ausencia de la exalcaldesa Ana Botella el día en que la comisión pretendía abordar la venta de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo buitre bajo su mandato. 

El concejal Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid) ha calificado de "boicot" la postura del Partido Popular pero ha asegurado que esto no paraliza la comisión. 

Por su parte, Mercedes González (PSOE) ha señalado directamente a Esperanza Aguirre como la artífice del plantón, y Miguel Redondo (Ciudadanos) ha calificado la situación de "lamentable". 

La comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid celebraba este viernes su primera sesión de trabajo para analizar las operaciones de venta de viviendas realizadas en 2012 y 2013 por la EMVS. El proceso fue cuestionado en un informe preliminar de la Cámara de Cuentas por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa.

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El Gobierno de Ana Botella (PP), citada a comparecer, vendió casi 3.000 viviendas protegidas, de las que 1.860 estaban en régimen de arrendamiento y fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros, en una operación por la que, según ha desvelado hoy el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, un comisionista cobró hasta 2,3 millones de euros "de manera irregular".

La Cámara de Cuentas ya advirtió de que en las operaciones se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y se realizó la venta "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores".

Tanto la exalcaldesa Ana Botella como el resto de comparecientes -entre ellos los actuales concejales del PP Pablo Cavero y Borja Carabante- comunicaron por teléfono o por escrito que no iban a asistir, a excepción del exdirector general de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) Pablo Olangua, que no respondió.

"Nadie ha querido venir hoy aquí", ha lamentado la concejal socialista Mercedes González. En su opinión, los cargos públicos del PP abandonaron a los más desfavorecidos, y "hoy, cuando tienen la oportunidad de explicarlo, esconden la cabeza protegidos por Esperanza Aguirre, la que nunca se calla excepto hoy".

En una intervención en la que proyectado vídeos de algunos de los comparecientes ausentes -entre ellos de la exalcaldesa-, Mercedes González ha puesto el acento en las personas que fueron desahuciadas como consecuencia de las subidas en el precio de alquiler aplicadas por los fondos de inversión, y ha recordado que Ana Botella tuvo que habilitar 400 viviendas solidarias para dar techo a las familias desahuciadas por los fondos de inversión.

"El problema fue para Ana, que cobraba 900 euros y Fidere le pedía por el nuevo contrato 600, la desahuciaron; el problema fue para José Antonio, jardinero en paro desde 2011 y con un hijo a su cargo, lo desahuciaron; la familia Wilson, sin ingresos y con un recién nacido se quedó en la calle en el barrio madrileño de Vallecas...", ha recordado la socialista.

Y ha aludido además a la responsabilidad de los dirigentes de la Comunidad de Madrid, entre ellos los actuales concejales del PP Pablo Cavero y Borja Carabante -exconsejero y exviceconsejero de Transportes, Infraestructura y vivienda, respectivamente- porque, ha dicho, "la Comunidad de Madrid hizo un traje a medida para que las operaciones de venta de viviendas a los fondos buitre pudieran salir", pese a que violaban la ley del suelo.

También desde Ciudadanos, el concejal Miguel Ángel Redondo ha reprochado con dureza a los exdirigentes del PP no haber cumplido con su "deber" de explicar y rendir cuentas de su gestión, lo que a juicio de la formación les inhabilita para hacer oposición al actual gobierno municipal.

"Creo que deben hacer una profunda reflexión sobre su incomparecencia en el día de hoy. Ellos, que tienen que exigir explicaciones al equipo de Gobierno, no pueden encontrar ningún motivo para no responder por su gestión en el pasado", ha considerado el concejal de C's.

Y ha ido más allá al tachar de "lamentable" el "boicot al Pleno" de los políticos del PP, una idea en la que ha coincidido con el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, representante de Ahora Madrid en la comisión. "Nos parece vergonzosa esa actitud, ese boicot no va a paralizar el mandato del Pleno del Ayuntamiento", ha advertido por su parte Sánchez Mato.

Además, ha recordado que la intención "obstruccionista" del PP sufrió ayer un nuevo "varapalo" cuando el juez "dejó bien claro" que el pleno es competente para seguir adelante con la investigación.

La formación liderada en el Ayuntamiento por Esperanza Aguirre decidió no participar en la comisión de investigación, un organismo que el pleno pidió crear con los votos a favor de Ahora Madrid, el PSOE y C's, y que el PP trató de paralizar sin éxito por vía judicial y ante la Junta Electoral.

"La ley se vulnera de forma clara en esta operación: la ley del régimen administrativo común, la ley de contratos del sector público, instrucciones internas de contratación y el reglamento de adjudicación de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Nada más y nada menos que todo eso. No estamos hablando de peligrosos bolivarianos sino del PP, y toda esa legislación se vulnera", ha sostenido Sánchez Mato.

La comparecencia de la exalcaldesa no era obligatoria, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid estudian abrir una infracción administrativa a los dos concejales del grupo popular que estaban llamados a declarar y que, como el resto de comparecientes, no han asistido.