Juicio a tres activistas acusados de ocupar una parcela en Pizarra en 2013

Málaga

Tanto la fiscalía como la acusación particular que representa a los herederos del Conde de Pizarra aseguran que, en abril de 2013, los acusados lideraban un grupo de treinta personas que, por la fuerza ocupó una parcela vallada que, en principio, es propiedad del Conde, estuvieron diez días en la zona y coaccionaron a los trabajadores que tenían que acceder para trabajar en la parcela.

Los acusados admiten que ocuparon esta parcela cuya propiedad ni siquiera está clara. Desde 1977 fue incorporada a la finca adyacente de los herederos del Conde de Pizarra, pero en el Plan de Ordenación Urbanística del Municipio de 2011 aparece que hay una franja de terreno público por cuanto pertenece a una vía pecuaria.

Lo cierto es que los tres acusados admiten que fueron al terreno para reclamar a la Junta que, como público, lo usara para crear huertos urbanos y paliar la delicada situación de muchos vecinos del Valle del Guadalhorce. Aseguran que no estaba vallada en su totalidad, que no usaron la fuerza, que había nada sembrado y que no impidieron la labor de los trabajadores de la parcela del Conde.

Miguel Montenegro es uno de los acusados y secretario regional del sindicato CGT en Andalucía:” El Conde considera que es suyo, quizás por el tiempo que llevaba y que nadie le había discutido que fuera de su propiedad, sin embargo existen informes que dicen que ese terreno es público…estamos absolutamente tranquilos, convencidos de que volveríamos a hacer esta acción si se nos planteara, de hecho seguimos reivindicando que ese terreno es público  y debe ser para el pueblo y no para que ningún  terrateniente se quede con él”.

Las acusaciones mantienen lo contrario. Que tomaron por la fuerza la parcela privada por cuanto estaba vallada, que permanecieron diez días y coaccionaron a los trabajadores del terreno colindante. Por ello piden que cada uno de los tres acusados sea condenado a 18 meses de cárcel por un delito de coacciones y cinco meses de multa por usurpación. Las defensas solicitan la libre absolución de sus clientes.

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