Griñán recurre su procesamiento alegando que no conoció los informes de la Intervención

Sevilla

José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta, ha recurrido en apelación su procesamiento por los supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Griñán destaca que el juez no detalla qué resolución concreta dictó para poder prevaricar y se defiende de la malversación atribuyendo a la Consejería de Empleo cualquier decisión o acto relativo a las subvenciones con las que se han pagado los ERE. A lo que añade que nunca recibió los informes de la Intervención que alertaban de "un gasto excesivo", y "no de irregularidades", en la fórmula elegida para abonar las ayudas.

Griñán comienza recordando que cuando llegó a la Consejería de Hacienda en 2004 el sistema "específico" con el que se pagaban esas ayudas ya estaba en marcha y había sido sancionado por tres leyes de presupuestos. Y continúa lamentando que el juez Álvaro Martín le haya atribuido una supuesta malversación de fondos públicos después de que la descartara el Supremo; teniendo en cuenta que nada nuevo se ha aportado a la investigación.

El expresidente asegura que ni recibió los informes de la Intervención ni los informes de cumplimiento de control financiero permanente. Documentos, asegura, dirigidos a la viceconsejería para que se hicieran llegar al consejero pero que nunca le entregaron.

El recurso dice que las transferencias de dinero de Empleo a la agencia IDEA, la pagadora de las ayudas, no las aprobaron ni Griñán ni el Consejo de Gobierno de la Junta porque no era su competencia. Fue una decisión de Empleo, afirma, y Hacienda desconocía el procedimiento que usaba. "Es Empleo quien elige el procedimiento, ordena el pago y adjudica las subvenciones", subraya. E insiste en que Hacienda no controlaba al resto de las consejerías y en que era la Intervención quien fiscalizaba el gasto.

Griñán dice que el delito de malversación "por consentir" ha sido derogado, aunque él no tenía "una posición que le permitiera consentir o no cómo se gastaba el dinero". El nuevo delito de malversación, explica, solo la comete quien tiene posibilidad por sí mismo de decidir que los fondos vayan a parar donde no deben. Y ese no es tampoco el caso.

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El expresidente de la Junta reconoce que el sistema de ayudas y subvenciones "pudo ser discutible aunque impuesto por una realidad social apremiante y sería negar la realidad que también cumplió sus objetivos en relación con centenares de casos. Pero no era una trama criminal construida por la Administración, como se ha sugerido reiteradamente durante la instrucción".