Andrés Llorens: "Coinger actuó por su riesgo y ventura"

Alicante

El ex vicealcalde de Alicante en la etapa de Sonia Castedo, el popular Andrés Llorens, tras ocho años de tramitación del llamado "caso Magallanes" se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial.

Se enfrenta a una petición de tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por las obras de la plaza Magallanes, en el barrio de La Florida, en su etapa al frente de Atención Urbana.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, entiende que Llorens adjudicó ilegamente en julio de 2009 obras complementarias en la plaza, puesto que "estaban iniciadas de facto y prácticamente concluídas cuando se adjudicaron".

El juez no ha aceptado la nulidad de esta vista por "dilaciones indebidas" que pedía su defensa al inicio de este juicio por un caso que en 2011 fue archivado, pero cuyas diligencias se han retomado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Llorens ha alegado que fue la propia adjudicataria, Coinger, la que actuó "por su riesgo y ventura", desconocidendo él que no estaba autorizada a la reforma. Añade que él solo obró "en beneficio de los vecinos" y que se limitó a firmar.

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Según el defensor del vicealcalde, Luís Delgado de Molina, la empresa que había realizado las obras primigenias "daba por sentado" que se le adjudicarían a ella también éstas de reforma, consistentes en instalar una fuente y una rampa, al ser la única que se había presentado de tres ofertas, y fue la propia Coinger quien tomó la iniciativa. Obras que inauguraron el mismo día, "casualmente" según Llorens, en que él firmó el decreto de su adjudicación provisional. El contrato, de hecho, no se firmó hasta el 6 de julio y el acta de replanteo, que Llorens dice desconocer, aún diez más tarde.

La inauguración de la plaza, por cierto, se produjo el 11 de mayo de 2009, aunque el fiscal ha esgrimido fotografías del 17 de marzo, casi dos meses antes, que atestiguan que la reforma estaba acabada, con la fuente ya "adquirida, instalada y en pruebas", según sostiene Briones. 

Para justificar la diferencia de fechas, Llorens ha reconocido que actuó sin esperar a que estuvieran los trámites, ante la insistencia de La Voz-La Florida, una asociación que ha tildado de "muy crítica y reivindicativa" y para "garantizar la seguridad de los niños" y los vecinos, confiando en que el trámite para seguir no tardaría "más de una semana o diez días", aunque después se demoró en meses y él, apunta, fue "el primer sorprendido".

En la causa está personada como acusación particular la exportavoz socialista Carmen Sánchez Brufal, que reclama para Llorens una pena mayor que la Fiscalía: cuatro años, seis meses y un día de cárcel, 11 de inhabilitación y una multa de 5.400 euros.

Éste, que se ha declarado "tranquilo" a su llegada a la sección 10ª de la Audiencia, ha defendido que actuó siempre "con honestidad" y ha lamentado haber sufrido "siete años de calvario" con la tramitación de la Instrucción y que hayan conseguido quitarle "de en medio de la política".

Tras Llorens también ha prestado declaración el técnico municipal Víctor López, jubilado ahora e investigado en otros casos como el de Isjoma y dos funcionarios más implicados en el caso (Francisco Ramón Casal y Samuel Zaragoza). El Ministerio Público pide tres años de prisión y tres y medio de inhabilitación para ellos por falsedad documental.

Recientemente, el Ayuntamiento de Alicante se retiró del proceso como acusación, tras haberse personado durante la etapa de gobierno del PP.

El juicio prosigue el miércoles 8 en la Audiencia.