La Justicia estudia el protocolo del Ayuntamiento contra la contaminación

Madrid

Las medidas que el Ayuntamiento de Madrid tomó el pasado mes de enero contra los picos de polución en la capital han llegado a los tribunales. El pasado 1 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió admitir a trámite el recurso que una empresa interpuso contra el protocolo de la concejalía de Inés Sabanés, y ha solicitado al Ayuntamiento que remita el expediente correspondiente a su proceso de aprobación.

Las medidas entraron en vigor en febrero después de su aprobación el 21 de enero de este año. Un texto que por ejemplo plantea cerrar la ciudad al tráfico en situaciones excepcionales con reiteradas superaciones de los umbrales de contaminación, o también limitar a 70 km/h la velocidad en la M-30 y accesos a la capital en ciertos escenarios y la prohibición de aparcar en las calles de la almendra central.

Será ahora la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que decida si este protocolo es o no ajustado a derecho, después de admitir a trámite el recurso que interpuso la asesoría jurídica DVuelta. Según explica un portavoz de la empresa, el recurso no se plantea como una enmienda a la totalidad del protocolo pero sí contra las sanciones que se puedan imponer a raíz de sus normas, que según denuncian “carece de base normativa”.

Informe jurídico favorable

En el mismo auto en el que el TSJM admite a trámite el recurso – en el que no vierte ningún razonamiento jurídico y se limita a avalar la presentación correcta del escrito – la letrada de la Administración de Justicia requiere al Ayuntamiento de Madrid para que remita el expediente administrativo completo.

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Una documentación que, según confirman fuentes de la concejalía que dirige Inés Sabanés, ya han remitido al tribunal, al mismo tiempo que recuerdan que el protocolo aprobado a finales de enero viene avalado por un informe jurídico del área de Medio Ambiente y Movilidad. Un texto que defiende que el protocolo cuenta con cobertura legal tanto por parte de la Ley de Calidad del Aire como de la Ley de Tráfico así como diversas ordenanzas municipales de Protección de Medio Ambiente Urbano y de Movilidad.

El informe explica que esta legislación incluye y ampara la limitación y restricción o prohibición de la circulación y el estacionamiento cuando proceda, así como también la limitación o suspensión de la circulación de vehículos y el cierre de las vías urbanas si fuera necesario. La normativa también habilita al consistorio para sancionar las conductas contrarias a este ordenamiento.