Exaltos cargos de UM admiten delitos de corrupción y aceptan penas de multa
Reconocen el fraude a la administración a través del amaño de contratos a empresas de Farrús
Cadena Ser
Palma de Mallorca
Seis exaltos cargo de Unió Mallorquina admiten delitos de corrupción. Los exdirigentes y tres empresarios han admitido hoy delitos de fraude, cohecho y prevaricación. Se han conformado la petición de varias penas de multa por parte de la Fiscalía, sustituyendo en muchos casos peticiones de cárcel.
Los acusados han reconocido que beneficiaron con contratos públicos a las sociedades del empresario Jacinto Farrús, que a cambio pagaba a empleados por trabajar para la formación política. La admisión de los delitos por parte de los acusados ha llevado a la Fiscalía anticorrupción a rebajar de forma sustancial las penas que solicitaba para ellos.
El exconseller de Turismo, Francesc Buils, se ha conformado con una pena de un año de cárcel sustituible por una multa de 4.300 euros, mientras que el exconseller insular de Hacienda, Miquel Angel Flaquer pagará más de 8.000 euros para evitar doce meses de cárcel. El conctable del partido, Álvaro Llompart, se beneficia de la atenuante de confesión y pagará 3.800 euros.
El empresario Jacinto Farrús tendrá que abonar más de viente mil euros de multa, mientras que el exjefe de comunicación de María Antónia Munar, Antoni Martorell, tendrá que pagar 3.000 euros, una cifra similar a la que abonará el exdirector del Instituto de Estrategia Turística, Antoni Oliver.
Todos los acusados han pagado además una indemnización a una de las empresas que resultó perjudicada por el amaño de un concurso de 360-mil euros.
La Fiscalía anticorrupción ha retirado para todos los acusados el delito de malversación, ya que el dinero de los concursos amañados no llegó a pagarse y a salir de las arcas públicas. Además, ha retirado la acusación contra el exconseller de Deportes, Mateu Cañellas, que ha quedado fuera del proceso.
El fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, afirma que esta pieza del caso Voltor sigue el mismo patrón de otras que ya han sido juzgadas. Unió Mallorquina tenía enchufados en instituciones públicas a trabajadores que sólo hacían labores de partido.
"UM utilizaba trabajadores en beneficio propio para campañas y labores de partido y los camuflaba generalmente en la administración, que era la que pagaba el salario", señala Subirán.
