“La explotación sexual de la mujer sale barata”

Santander

Los 6 miembros de una red de prostitución que iban a ser juzgados en la Audiencia de Cantabria han reconocido los hechos y han visto rebajadas sus penas de prisión de los 81 años, en total, a menos de 11. Estaban acusados de delitos contra los derechos de los extranjeros y explotación por prostitución al traer mujeres del este de Europa a un local de alterne de Cabezón de la Sal.

Desde la Red Cántabra contra la Explotación Sexual, Marisol Payá, señala que este tipo de acuerdos se deben a la lentitud de la justicia y a que la protección del testigo no es la adecuada. ‘Ves que resulta muy barato, por eso se mantienen estas situaciones’, concluye Payá a la vista del acuerdo alcanzado en este caso.

Uno de los seis acusados será absuelto, al haberse retirado la acusación contra él. El Ministerio Fiscal ha aplicado a los otros cinco las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial se ha prolongado durante seis años, y reparación del daño, al haber indemnizado con 6.000 euros por daños morales a la única víctima que denunció los hechos, una mujer rusa que trabajó durante un mes en el club.

La mayor petición de cárcel -tres años y seis meses frente a los quince solicitados inicialmente- es para el cabecilla del grupo. Los otros cuatro acusados -un hombre tres mujeres, una de ellas pareja del cabecilla, han aceptado penas que oscilan entre los dos años y el año y seis meses.

Las mujeres venían a España con la promesa de obtener 6.000 euros al mes ejerciendo la prostitución, sin tener que asumir apenas gastos de alojamiento o manutención. Una vez aquí, los miembros de la organización les reclamaban 2.600 euros de deuda, una cantidad que se iba incrementando con la imposición de multas por no trabajar un día, por mal comportamiento o por llegar tarde.

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El dinero que pagaban los clientes era recaudado por la organización, primero para garantizar que las mujeres saldaban la deuda y después para asegurar el cobro de un porcentaje de las ganancias, que oscilaba entre un 15 y un 25 por ciento.

El 27 de octubre de 2010, se registró el club, donde fue localizada, sola en una de las habitaciones, una mujer rusa que había llegado un mes antes a España, fue la única que presentó denuncia, pero, según el escrito de la Fiscalía, la Brigada de Extranjería localizó en junio en el local a unas 14 mujeres procedentes de Rusia y Europea del Este que no presentaron denuncia persuadidas por los procesados, que les aconsejaron no hacerlo porque podría acarrearles serias consecuencias, dada su situación irregular en España.