El juez informa a Gutiérrez Limones que está siendo investigado por el caso ACM
El magistrado le ofrece personarse en la causa para que pueda defenderse "de los hechos que se le imputan". De momento no lo cita a declarar
Jose Manuel Vidal. (EFE)
Sevilla
El juez de instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, Javier Alba, ha dictado una providencia donde se limita a explicar que el ya exalcalde socialista de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, ha perdido su condición de aforado porque se han disuelto las Cortes por lo que el Supremo no es competente para investigarlo. Así que se le ofrece la posibilidad de que se persone en el procedimiento relativo a la empresa municipal ACM para que pueda ejercer su defensa frente a los hechos que se le imputan. Hechos que no detalla el magistrado pero que son los que la Policía le atribuyó hace unos meses y que provocó que el mismo juez solicitara al Congreso que acreditara la condición de aforado de Limones.
Dentro de la investigación sobre la sociedad municipal de Alcalá de Guadaíra, ACM, aparecieron unas facturas donde se ve que esta empresa, supuestamente, pagó un viaje privado del alcalde y su familia a Madrid para visitar un parque de atracciones en 2007.
Los investigadores también explican que, salvo aclaración lógica del alcalde, también usó dinero de la empresa pública para cuestiones distintas a los fines sociales por los que se constituyó.
El juez concede a Gutiérrez Limones la posibilidad de constituirse como parte, "tomar conocimiento de la misma y participar en las diligencias que puedan practicarse, así como solicitar las que tenga por conveniente".
En un comunicado el exalcalde dice que "afortunadamente ha llegado el momento procesal en el que se me ofrece la oportunidad de conocer las diligencias realizadas, hasta el día de hoy, sobre la gestión administrativa de la extinta sociedad municipal ACM en la que, reitero una vez más, no formé parte de sus órganos de decisión y sobre las que se han vertido condenas políticas interesadas, en periodos de tiempo en los que alguna cita electoral planeaba sobre el horizonte”.
En el año 2013, el PP, el PA y la exconcejal socialista Laura Ballesteros denunciaron que desde la empresa pública se pagaban supuestamente gastos privados y se hacían supuestamente facturas falsas para justificarlos.º
